Cosmovisión

Nacho Morales: reflexión sobre el intento de prohibición de los Memes en México

El veracruzano, doctor en derecho Ignacio Morales Lechuga, en su artículo semanal que publica desde hace varias décadas en puntual análisis de lo que sucede en México, en esta ocasión lo titula:

“Ciudadanos restringidos, delincuentes protegidos”

Precisamente, don Ignacio Morales Lechuga, dedica dicho artículo a don Juan Francisco Ealy Ortíz y El Universal.

Por un aniversario más en defensa de la libertad de expresión.

Morales Lechuga, originario de Poza Rica, establece que: dos decisiones públicas retratan una deformación inquietante de la vida política.

En Chihuahua se intentó impedir que un candidato pudiera beneficiarse de violencia, amenazas, financiamiento ilícito o influencia criminal y conservar, pese a ello, el derecho a competir; la SCJN consideró excesivo que ese beneficio bastara para sancionarlo y exigió responsabilidad individual imputable.

El INE ordenó retirar publicaciones que llamaban a Morena “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcoestado” y otras, al considerar que podían contener imputaciones falsas no acreditadas.

El contraste revela una curiosa distribución de escrúpulos. Frente a quien recibe el beneficio de la violencia criminal, el Estado exige pruebas imposibles. Ante quien formula una acusación política incómoda, unas horas pueden bastar para ordenar retirar la publicación.

El mensaje es inquietante: Un capo puede intimidar, herir o secuestrar con la intención de despejar el camino para que un determinado candidato gane la elección, sin que esto represente ningún tipo de sanción para el beneficiario, como ocurrió en las pasadas elecciones de Sinaloa, en las que durante la jornada electoral fue secuestrado un familiar de la candidata que enfrentaba al actual gobernador.

¿Cómo exigir pruebas cuando el sicariato opera en la sombra, no emite facturas ni hace transferencias por concepto de “aportación ilícita”? Los criminales están amparados por el gobierno mientras que en contraste los ciudadanos perdemos cada día más libertades.

Agrega: La iniciativa presidencial conocida como ley anti-memes establece penas de 1 a 5 años de prisión para ciertos usos de identidad gráfica oficial, incluso en redes sociales y pese a que el oficialismo repite con vehemencia que “nadie irá a la cárcel por un meme”.

“Artículo 19” advierte que la legislación contiene lagunas que los legisladores se han negado tajantemente a resarcir para exentar a la parodia, el periodismo o la sátira política.

“Artículo 19”, dice que ha advertido que la amplitud de los conceptos inhibe la libertad de expresión, aun sin condena.

Basta una carpeta de investigación, abogando meses de incertidumbre y la sospecha de que la próxima caricatura podría incomodar al funcionario para que la presión alimente la autocensura.

La historia ofrece antecedentes. En la República Democrática Alemana se castigaba la “agitación contra el Estado” y se protegía a las instituciones frente a expresiones denigrantes; la Stasi también utilizó mecanismos de descrédito, aislamiento y desgaste personal.

En México, Santa Anna promulgó la Ley Lares de 1853 e impuso controles a la prensa. En el siglo XX, el delito de disolución social, creado en 1941 y endurecido en 1950 sirvió para perseguir disidentes y opositores, como Siqueiros, Campa y Vallejo.

Una exigencia del movimiento estudiantil de 1968 fue derogar los artículos 145 y 145 bis. Los estudiantes entendían que cuando el gobierno obtiene categorías amplias para decidir qué expresión amenaza al orden, la frontera del delito se mueve al ritmo de sus necesidades. Turquía ofrece hoy otro ejemplo: castiga los insultos al presidente Erdogan y ha abierto decenas de miles de investigaciones por discursos y publicaciones.

Este 2 de octubre, aniversario de la matanza Tlatelolco, la Presidenta abrió su conferencia recordando la represión estudiantil y la consigna “2 de octubre no se olvida”; minutos después anunció un decreto para obligar a plataformas digitales a retirar contenidos vinculados con violencia, abuso o acoso y habló de “prohibir” ese tipo de publicaciones. El anuncio siguió al asesinato de una subdirectora escolar en Torreón por dos exalumnos vinculados con comunidades digitales que exhiben ataques violentos.

Mientras el crimen organizado sigue influyendo en las urnas sin dejar nota ni recibo de honorarios, el poder se concentra en callar a los ciudadanos.

De aprobarse esta iniciativa no hay que olvidar a los senadores y diputados que colaboran para acabar con lo que queda de la República.

Hay que recordar que el veracruzano Ignacio Morales Lechuga, es  apartidista, esta retirado de la vida política y desarrolla importante labor en la cátedra en varias universidades, además de cumplir cincuenta años en el notariado mexicano.

Ignacio Morales Lechuga, la gran parte de su tiempo, también lo dedica al estudio, al altruismo y a la lucha en contra de las adicciones, entre otras actividades que realiza conjuntamente con su esposa Jacqueline Broc de Morales, quien ha sido su fuente de inspiración, impulsora y quién es la más importante motivación constructiva de su vida. Andale. Así las cosas.