Corrupción neoliberal

Neoliberalismo y órganos públicos autónomos

Se acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de autoritario por la desaparición de los órganos constitucionales autónomos sin reparar en su origen neoliberal, ni en la forma en que han restado atribuciones a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

La transición a la democracia que impulsamos con el movimiento cardenista de 1988 generó una convulsión política en México que confrontó dos proyectos, el neoliberal impulsado por el PRI y el PAN y el nacionalista popular del cardenismo.

La alianza PAN-PRI que llegó a su cúspide con la claudicación del PRD de los principios democráticos, económicos y de izquierda social con la firma del pacto con Enrique Peña Nieto, puso en marcha la colonización neoliberal de la República, eliminando las potestades fundamentales de la Nación sobre la educación, la planeación, el dominio sobre los recursos naturales, la generación de energía, las relaciones laborales, y las políticas monetaria, fiscal y presupuestal.

La reciente reforma constitucional, que elimina los órganos autónomos de fuerte prosapia neoliberal, es un ejemplo del cambio de régimen que propone la cuarta transformación para México. Se trata de que los poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) sean realmente representativos, como lo marca el artículo 39 constitucional, y que ejerzan plenamente las potestades que la Constitución les determina (legislar, gobernar, y administrar justicia).

La reciente reforma constitucional pone en jaque el concepto mexicano de órgano constitucional autónomo, que en realidad fue un cuarto poder del Estado, conformado a modo de los intereses de los sectores económicos interesados en tener presidentes subordinados y bajo sus órdenes.

Hoy quedan en el pasado por su desaparición o fusión los órganos neoliberales y conservadores:

1. La Comisión Federal de Competencia Económica
2. El Instituto Federal de Telecomunicaciones
3. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
4. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
5. La Comisión Nacional de Hidrocarburos
6. La Comisión Reguladora de Energía,
7. La Comisión de Mejora Regulatoria, y
8. La Comisión Nacional de mejora Continua de la Educación

Considero que es vital darles operatividad y seguridad jurídica a las reformas. En el caso de la regulación de los derechos a la información, transparencia y protección de datos sería de gran avance otorgarle potestades al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como ya las tiene en el Sistema Nacional Anticorrupción.