Corrupción, la Caja de Pandora del PRI

XALAPA, Ver., 30 de septiembre de 2016.- La decisión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional de suspender a Javier Duarte y otros veracruzanos ha destapado una Caja de Pandora, pues la opinión pública nacional empezó a cuestionar la justicia a modo de ese partido político, y señalan a exgobernadores, diputados, exdirigentes y al mismo líder tricolor, Enrique Ochoa Reza.

El pasado lunes, por unanimidad, los integrantes de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI resolvieron suspender sus derechos como militantes priistas no solo al mandatario estatal, sino a 3 implicados en el tema de las empresas fantasma: el exdirector Jurídico de Sedesol, Juan Carlos Rodríguez García, y los notarios Israel Ramos y Daniel Cordero.

Finalmente tuvo que recular en el caso de Juan Carlos, porque, pese a que afirmó siempre que revisaron y recontrarevisaron los padrones confirmando que sí era militante, este jueves en un tuit, informaron que siempre no era un militante priista.

Los otros funcionarios fueron el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, acusado de enriquecimiento ilícito y por una supuesta red de empresas familiares al servicio de la dependencia; Gabriel Deantes Ramos, exsecretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad, señalado por enriquecimiento ilícito y orquestar el supuesto apoyo a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) durante el pasado proceso electoral.

Y finalmente, a José Antonio Mansur, exdelegado de la Secretaría de Economía en Veracruz, denunciado como supuesto prestanombres del mandatario veracruzano, y presunto dueño del complejo residencial texano The Woodlands.

“El presidente Enrique Ochoa, claramente lo ha dicho, él emprendió una cruzada contra la opacidad y para combatir la corrupción, y como consecuencia de ello, él es muy respetuoso de las decisiones que toman los integrantes de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria”, señaló al finalizar la sesión de la Comisión, el senador Arturo Zamora, y refirió que los comisionados tomaron una “decisión firme, de gran trascendencia”.

El comunicado oficial señaló: “Se justifica tomar medidas cautelares, debido a la afectación  irreparable que sufre la imagen del Partido Revolucionario Institucional, ante la constante difusión de información en medios de comunicación masiva que vinculan al PRI con el gobernador de Veracruz y los demás denunciados, sobre las conductas graves que se les acusan”.

LA MULTITUD CORRUPTA DEL PRI

Bajo esta premisa, hay muchísimos militantes, y no menores, sino gobernadores, senadores, diputados y el mismo presidente Enrique Peña Nieto, cuyos niveles de aprobación, de apenas 26 por ciento, son causados por escándalos de corrupción, como el de la Casa Blanca.

Pero si se atiende que el daño al partido por los escándalos de militantes, Peña Nieto es el primer lastre para el PRI, ya que el escándalo de la Casa Blanca hirió de muerte al partido. Según la versión oficial, la esposa del mandatario, Angélica Rivera, habría comprado por 7 millones de dólares el inmueble a Grupo Higa, uno de los constructores favoritos de Presidencia, al que se la han dado contratos multimillonarios desde que el Presidente era gobernador del Estado de México.

El 11 de diciembre de 2014, el Wall Street Journal publicó una nota sobre la compraventa en términos inusuales de una casa entre el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray y una empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, tras el escándalo de la Casa Blanca, lo que era un claro conflicto de intereses.

Tanto Peña, como Videgaray, fueron exonerados.

Expresidentes del mismo PRI han sido igualmente un lastre para la imagen del Partido, el caso más emblemático es el de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, quien falsificó documentos para adquirir una deuda de más de 33 mil millones de pesos, que por cierto, le heredó a su hermano que se quedó con el poder.

Moreira tuvo que renunciar a la dirigencia del PRI precisamente por los escándalos de corrupción. Además, es acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada, incluso en 2011 uno de sus hijos fue asesinado por el grupo delictivo Los Zetas.

Y a principios de 2016 es detenido y encarcelado en España, donde estudiaba con una beca que le dio el SNTE, la orden la giró la Fiscalía Anticorrupción, por los delitos de organización criminal (vinculación con Los Zetas), blanqueo y malversación de fondos durante su periodo como gobernador.

Sin embargo, fue exonerado y su caso archivado, se dijo entonces, por presiones del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien protegió al político priista, que aún goza de todos sus derechos partidarios.

Está igualmente el senador priista Carlos Romero Deschams, líder del sindicato petrolero, vinculado a tráfico de influencias. Su hija Paulina Deschamps apareció en fotos publicadas en Facebook en viajes alrededor del mundo en aviones, yates y restaurantes de lujo, en compañía de sus tres perros Keiko, Boli y Morgancita.

Arturo Montiel, el ex gobernador del Estado de México por el PRI, fue acusado por su ex esposa, Maudi Versini, de secuestrar a sus tres hijos, a pesar de que la primera cuenta con la custodia. Montiel se retiró de la carrera presidencial de 2005 tras las denuncias de las mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia. Actualmente, no está bajo ninguna investigación en su contra y goza de plenos derechos partidarios.

La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Nuevo León emprendió acciones contra el exgobernador priista Rodrigo Medina, entre ellas el embargo de bienes, y 10 funcionarios que colaboraron con él, derivadas de indagatorias por contratos otorgados durante su administración.

A Medina se le acusa de desviar 3 mil 600 millones de pesos, además se le imputan los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y daño patrimonial. El PRI no ha actuado en su contra.

La orden de aprehensión que enfrenta el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba desde 2013 por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento del narcotráfico quedó ratificada en 2015 cuando le negaron un amparo al exgobernador, quien se encuentra prófugo desde 2013.

Pero no sólo a él, otro exgobernador priista de esa entidad está requerido por la autoridad estadounidense por los mismos delitos, Eugenio Javier Hernández Flores, igualmente prófugo; en el caso de Yarrington el PRI sólo le suspendió sus derechos partidarios pero nunca lo expulsó, y a Hernández Flores, ni si quiera un posicionamiento hay en los registros del tricolor, los exgobernadores siguen siendo priistas.

En el caso del exgobernador de Tamaulipas, Andrés Granier Melo, fue denunciado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los delitos de peculado, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En 2013 se reveló un audio en el que Granier presume propiedades en Nueva York, Miami, Cancún, Villahermosa y el DF, así como viajes a Miami, Los Ángeles y Nueva York, y hasta un lujoso guardarropa que incluiría 400 pares de zapatos, 400 pantalones, 300 trajes y 1,000 camisas, todos de marca.

El líder nacional del PRI en ese entonces, César Camacho, afirmó que los días de Andrés Granier Merlo como integrante de ese instituto político están contados, y se manifestó en favor de iniciar un proceso de expulsión o de suspensión de derechos contra el ex gobernador de Tabasco.

Calificó de vergonzosas las revelaciones que se han hecho sobre Granier, quien no sólo lastima al PRI, sino a la política y a los tabasqueños. También consideró que este caso tendrá consecuencias en las campañas electorales en curso, ya que se trata de un tema de importancia nacional.

Camacho Quiroz consideró que la Comisión de Justicia del tricolor podría dar trámite expedito al proceso contra Granier, no obstante, el 17 de enero de 2013, la Comisión de Justicia Partidaria se declaró incompetente para dar trámite a las solicitudes de expulsión Granier Melo, y nunca más se tocó el tema, el exgobernador, preso por fraude fiscal, sigue gozando de todos sus derechos como militante priista.

Finalmente, el más grave es el de exgobernador de Michoacán Jesús Reyna,  quien acusado por la PGR por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de fomento de delitos contra la salud, y finalmente detenido el 4 de abril del 2014 tras aparecer en un video con Servando Gómez Martínez, La Tuta, exlíder del grupo criminal Los Caballeros Templarios.

Desde entonces, Reyna García estuvo recluido en El Altiplano, hasta que su defensa logró que el también exdirigente estatal del PRI michoacano, siguiera su proceso en una cárcel de mediana seguridad, ubicada sobre la carretera Morelia-Mil Cumbres.

Jesús Reyna fue nombrado por el Congreso del Estado como gobernador interino en abril del año 2013, tras el permiso que solicitara “por motivos de salud” el entonces mandatario constitucional Fausto Vallejo.

Y aún hay más nombres, como el exgobernador Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo, quien aún no cumple su condena de 30 años en la prisión de Lexington Kentucky, en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico, y quien nunca fue expulsado del PRI.

La lista es larga, y la tarea de Enrique Ochoa, quien también es acusado de autofiniquitarse con 1.2 millones de pesos a su salida de la CFE, puesto al que renunció y no le correspondía ningún tipo de liquidación, no es fácil, y probablemente sea sólo una medida electorera de cara al procesos comicial de 2017.