Coordinación, resultados y cero impunidad

Durante años, en Veracruz uno de los principales reclamos ciudadanos en materia de seguridad no solo fue la violencia, sino la percepción de impunidad: delitos sin consecuencias, detenciones que no prosperaban y grupos criminales que operaban bajo la sombra de la protección institucional.

Por eso, los resultados que hoy presenta el gobierno de Rocío Nahle tienen un significado que va más allá de las cifras. La coordinación permanente entre el Estado y la Federación, a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, comienza a reflejarse en operativos, cateos y detenciones de objetivos prioritarios generadores de violencia.

La participación de fuerzas federales en Veracruz también ha fortalecido el combate al huachicol. El histórico aseguramiento de hidrocarburo en Tihuatlán envió un mensaje contundente: en esta administración no habrá espacio para la impunidad.

La judicialización de casos de alto impacto y el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, Sedena y Guardia Nacional dejan ver una estrategia con objetivos definidos: desarticular grupos criminales, atacar sus estructuras financieras y evitar que los delitos queden sin castigo.

Los operativos desplegados en Tuxpan, Tihuatlán, Álamo, Papantla, Espinal, Coatzacoalcos, Cazones, Isla y otras regiones no son acciones aisladas ni “golpes mediáticos”. Reflejan una operación coordinada en distintas zonas del estado para detener a generadores de violencia que durante años crecieron al amparo de la falta de inteligencia y estrategia.

Porque en seguridad detener no basta. Lo verdaderamente importante es integrar expedientes sólidos, ejecutar órdenes de aprehensión y llevar los casos ante jueces para evitar que los procesos se derrumben. Ese seguimiento institucional es el que puede traducirse en sentencias y resultados sostenibles, con el trabajo conjunto de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.

También destaca el combate frontal a las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos. El aseguramiento de armas, vehículos, drogas, inmuebles, hidrocarburos robados y recursos económicos vinculados con actividades ilícitas busca debilitar las estructuras criminales desde todos sus frentes. Tan solo en lo que va del mes se han asegurado más de 8 mil 300 litros de hidrocarburo y se han realizado 285 cateos en distintos puntos del estado.

Uno de los datos más reveladores surgió precisamente durante cateos relacionados con redes de extorsión: elementos de seguridad rechazaron sobornos millonarios para evitar detenciones. Un hecho que no solo exhibe el tamaño de los intereses criminales, sino también la importancia de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y fortalecer la integridad dentro de las corporaciones.

El mensaje político más contundente lo resumió el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil: “cuando no existe tolerancia ni compromisos con grupos criminales, se actúa y se evita la impunidad”.

Y es ahí donde se centra el fondo del debate. La gobernadora Rocío Nahle lo ha dicho con claridad: la paz no se negocia, se construye todos los días con trabajo, coordinación y decisiones firmes. En Veracruz, el reto sigue siendo enorme, pero hoy existe una estrategia visible, una ruta definida y un mensaje claro de autoridad: quien delinque, enfrenta consecuencias.