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Gabriel García-Márquez/Sentido común
XALAPA, Ver., 18 de noviembre de 2016.- Como parte de la sesión de preguntas y respuestas a la coordinadora de Comunicación Social Irma Chesty, durante su comparecencia ante los legisladores locales, se le solicitó informara el monto total que se destina en convenios a medios de comunicación para la difusión de las actividades de gobierno, así como los nombres de las empresas beneficiadas con ello.
En este sentido, mencionó que durante este año 2016 se contrataron 316 millones de pesos a medios de comunicación, sin embargo explicó que este recurso lo ejerce directamente la Secretaría de Finanzas y Planeación, pues Comunicación Social únicamente se encarga de la tramitología para ello, además de que el presupuesto de la coordinación es para su operatividad, mientras que los nombres de las empresas se los reservo pues tienen hasta el 29 de noviembre para acatar el ordenamiento del IVAI.
Asimismo, comentó que al tomar protesta en el cargo el pasado 18 de octubre, la administración pasada dejo en tramitología 814 facturas del 2014 por un monto de 479 millones de pesos y 141 facturas por 135 millones de pesos del 2015, mismos que fueron presentadas a la contraloría para su cauce legal.
Irma Chesty explicó que aunque la Cuenta pública 2015 establece irregularidades por mil 994 millones de pesos, las observaciones no corresponden a la Coordinación de Comunicación Social pues quien lo manejó fue la Secretaría de Finanzas y Planeación, aunque reconoció que sí hubo cuatro observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
La titular del área reveló que hay una investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en esa área del gobierno por una empresa fachada que involucra al extitular de la CGCS, ahora diputado federal, Alberto Silva Ramos, pues desde el pasado 19 de octubre recibió un oficio de la Secretaría de Desarrollo Económico de que estaba siendo requerida por el SAT así como Protección Civil por la contratación de una empresa que está siendo investigada, por lo que tienen seis días hábiles para entregar toda la información de la empresa.
«Nosotros respondimos a las dos dependencias que esa información estaba directamente en la coordinación general de comunicación social ya que la preocupación de las secretarías era que querían entregarle esa información requerida al SAT directamente, y les respondimos mándenos al SAT a la coordinación general».
Por último, dijo desconocer sobre nóminas secretas y oficinas alternas o campañas de difamación durante el tiempo que lleva al frente de la coordinación, lo anterior, ante los cuestionamientos de la diputada María Josefina Gamboa Torales.