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XALAPA, Ver., 4 de octubre de 2017.- Los diputados están obligados a construir el andamiaje legislativo para evitar que en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción se pretenda nuevamente imponer en Veracruz a un Fiscal Anticorrupción a modo, indicó el catedrático de la Universidad Veracruzana (UV), Manlio Fabio Casarín León.
Dijo que no deben exponerse a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “eche abajo un intento de albazo, como sucedió en la administración estatal anterior”, pues lo deseable es que los legisladores se apoyen en expertos para construir mecanismos de interlocución, concertación y apertura para que el sistema tenga una buena integración.
Asimismo, el exdirector de la Facultad de Derecho de la UV e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas consideró como mal augurio la falta de acuerdos en el Congreso de la Unión para nombrar al Fiscal Federal Anticorrupción.
“Aunque ya se declaró la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, es como una mesa a la que le faltan patas, porque está pendiente el nombramiento del fiscal y de los magistrados de la Sala especializada a nivel federal”.
El catedrático dijo lo anterior durante su participación en el panel de expertos “El sistema Anticorrupción en las Entidades Federativas”, celebrado en el Congreso del Estado, en el que también participó la investigadora de Conacyt, Marisol Luna Leal, el vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Argentina, Sergio Díaz Ricci, y el maestro Julio Cabrera Dircio.
Esa situación tiene que prevenirse en el Estado de Veracruz, puntualizó Casarín León, y recomendó construir un entramado de interlocución, participación y auscultación frente a la sociedad, para que el sistema entre en funciones completo, debidamente integrado y con funcionarios experimentados y de probada honestidad.
En Veracruz, reiteró, falta mucho por hacer, no sólo apelar a la capacidad, experiencia e idoneidad de las personas que lo conformen para cumplir la encomienda, porque más que el tema de las normas jurídicas y los procedimientos y anuncios espectaculares, urge recuperar la confianza en los funcionarios.
Ante este escenario, alertó sobre una importante oportunidad que deben aprovechar los diputados locales, en la cual el Congreso de Veracruz está obligado a que no se repita la intervención de la Corte para corregir la manipulación o intromisión.
Otro aspecto que el académico advierte es la necesidad de revisar el régimen laboral de la Secretaría Ejecutiva, órgano operador del Sistema Estatal Anticorrupción, para que en su naturaleza jurídica funcione como organismo descentralizado, no sectorizado.
Detalló que de acuerdo con lo que ha venido recogiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación, generalmente conduce a fincar la regulación laboral entre la citada Secretaría en el apartado A del Artículo 123 constitucional, y no en el apartado B, como dice la iniciativa de Ley.
Finalmente, aseguró que “un sistema involucra todo una concurrencia de partes o elementos que finalmente integrarán un todo; para mí resulta fuera de lógica institucional que un sistema que esté calado no haya tocado aspectos esenciales, como la responsabilidad de los funcionarios públicos, eso es primordial”, enfatizó el académico entre muchas otras observaciones y recomendaciones que hizo a diputados.