XALAPA, Ver., 15 de junio de 2026.- Por unanimidad de votos, las diputadas y los diputados de la 67 Legislatura aprobaron el Dictamen de Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la implementación del Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero para la liquidación anticipada de la deuda bursátil municipal y su sustitución por un esquema de menor costo financiero, vinculado al mecanismo de bursatilización autorizado mediante Decreto número 255, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, de fecha 11 de junio de 2008.

El Gobierno de Veracruz podrá llevar a cabo las acciones administrativas, financieras, presupuestales operativas necesarias para su ejecución, así como celebrar y suscribir con los municipios participantes del Programa los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que resulten necesarios.

El Dictamen, que registró 48 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, resultado de la Iniciativa presentada a este Congreso por la gobernadora Rocío Nahle García y emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, detalla que el Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero tiene por objeto fortalecer la sostenibilidad financiera, estabilidad hacendaria y liquidez de los ayuntamientos participantes en el esquema de bursatilización municipal, mediante la liquidación anticipada total de las obligaciones bursátiles actualmente vigentes.

Asimismo, busca sustituir el esquema bursátil vigente del que forman parte los municipios participantes en la bursatilización por el Programa, libre de intermediación bancaria y fiduciaria, mediante el cual el Estado absorberá la proporción de apoyo que corresponda conforme al Decreto y las autoridades participantes cubrirán la parte que les sea aplicable bajo condiciones financieras más favorables.

De igual forma, prevé generar ahorros para los municipios participantes del Programa, estableciendo la obligación de destinarlos exclusivamente a obra pública, inversión pública productiva e infraestructura en beneficio de la población.

Además, se establecerán mecanismos de coordinación, supervisión, seguimiento, comprobación y rendición de cuentas entre el Estado y los municipios participantes del Programa, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Decreto, incluyendo la correcta aplicación de los ahorros generados en obra pública, inversión pública productiva e infraestructura municipal.

La Sefiplán podrá realizar las erogaciones, transferencias, aportaciones y demás operaciones presupuestarias y financieras que resulten necesarias para llevar a cabo la amortización anticipada total de las obligaciones bursátiles municipales comprendidas en el Programa, incluyendo el pago de la prima por amortización anticipada y demás conceptos asociados a dicha operación.

Los municipios participantes del Programa deberán suscribir con el Gobierno del Estado los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que resulten necesarios para la liquidación anticipada de las obligaciones bursátiles municipales y la adopción del mecanismo financiero que sustituya al esquema bursátil vigente y la implementación del Programa.

La instancia dictaminadora refiere que el mecanismo propuesto no constituye financiamiento, empréstito, refinanciamiento ni deuda pública adicional para los municipios, “sino una medida extraordinaria de apoyo estatal, coordinación financiera, saneamiento de pasivos preexistentes y optimización presupuestal”.

Añade que esta medida cuenta con un hecho de excepcional relevancia institucional: la aprobación unánime de los 199 municipios participantes mediante acuerdos de Cabildo, en los que autorizan la liquidación anticipada, facultan a sus representantes para suscribir los instrumentos jurídicos correspondientes y se comprometen a destinar los ahorros generados exclusivamente a obra pública.

“Este consenso trasciende diferencias políticas, territoriales y económicas, representando un hito en la historia financiera y política del Estado”, puntualiza.

Posición de las fuerzas políticas

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, destacó que este decreto es congruente con los principios de coordinación hacendaria, disciplina financiera, responsabilidad presupuestal y eficiencia en el gasto público que caracteriza el gobierno de la mandataria Rocío Nahle García, “asegura que esos recursos que alguna vez estuvieron al servicio de una deuda onerosa ahora se usen para lo que verdaderamente importa: en el bienestar de las familias veracruzanas”.

Tras enlistar los altibajos de los certificados bursátiles y los montos que se pagarían de continuar con la bursatilización de 2008, la legisladora dijo que esta historia cambiará, toda vez que los municipios podrán salir del pantano financiero gracias a la intervención del Gobierno del Estado, “con una estrategia que los liberará de los contratos abusivos siempre y cuando enfoquen todo ese ahorro presupuestal para obras que beneficien a sus pueblos”.

En voz de su coordinador, diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldó la propuesta de la mandataria, quien “pudo dejar que la deuda siguiera su curso hasta el 2036”, sin embargo, “decidió hacerse cargo de resolverlo”, “no como responsable sino como respondiente”. Y dijo confiar en que el recurso que se regresa a los municipios sea aplicado de manera responsable en los ayuntamientos.

A su vez, la diputada Indira de Jesús Rosales San Román afirmó que “todo lo que mejore las finanzas de los municipios y que esto se vea reflejado en mejores servicios públicos” tendrá el apoyo del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, presentó algunas observaciones y preguntas acerca del origen de los recursos con los que el gobierno saneará la deuda si no contratará un monto mayor y sobre la autonomía municipal en la administración de sus propios recursos.

El diputado Ramón Díaz Ávila adelantó el respaldo del Partido del Trabajo (PT) al dictamen, que ya cuenta con la aprobación previa de los acuerdos de 199 cabildos, que autoriza la liquidación anticipada del adeudo y su compromiso para destinar los ahorros generados a la obra pública social. “Esta medida es una oportunidad clave para aliviar la carga financiera, sanear las finanzas públicas y generar condiciones presupuestales favorables para el desarrollo de los municipios”, afirmó.

Por el partido Movimiento Ciudadano (MC), el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada subrayó que cuando una propuesta beneficia a los municipios y a sus ciudadanos debe reconocerse y acompañarla. Agregó que el programa para liquidar anticipadamente la bursatilización y sustituirla por un esquema de menor costo financiero es una medida necesaria, ya que corrige un problema que se arrastra desde 2008. Reconoció la convergencia de voluntades de los 199 municipios involucrados para mejorar las condiciones financieras.

La diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enlistó algunas disposiciones que, a su consideración, resultan imprecisiones respecto a nombres de municipios, cifras de deuda y cómo se aplicarían los recursos excedentes. Externó que el decreto no considera los imprevistos que, por lo general, surgen en la administración pública municipal, como contingencias climatológicas que obligan a usar los recursos de manera inmediata.

El representante popular Héctor Yunes Landa dijo que desde sus inicios rechazó la bursatilización por los riesgos financieros e institucionales que representaba y que ser legislador del partido en el poder no significa un apoyo incondicional a las decisiones del Ejecutivo. “Emitiré mi voto a favor, en la certeza de que el nuevo esquema deberá fortalecer todos sus mecanismos de transparencia y acceso a la información que otorguen certeza a los veracruzanos sobre el destino del presupuesto del estado”, agregó.

En el debate en lo general participaron las diputadas María Elena Córdova Molina, Ana Rosa Valdés Salazar y Dulce María Hernández Tepole.

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