Marko Cortés evidenció que posiciones del PAN se las reparte la cúpula
XALAPA, Ver., 10 de marzo de 2019.- El diputado Gonzalo Guízar Valladares confió en que exista respuesta favorable del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para retirar la caseta de peaje denominada Puente Coatzacoalcos 1, para que la ciudadanía haga uso gratuito de esta importante vía.
Agradeció el apoyo de los diputados que conformar el pleno legislativo, que en la pasada sesión aprobaron un exhorto al Ejecutivo estatal para que retire dicha caseta que lesiona derechos de miles de automovilistas que diariamente transitan por esa ruta y se ven obligados a pagar peaje.
“No se puede tratar como personas de segunda clase a vecinos de Nanchital, Agua Dulce, Mundo Nuevo, Coatzacoalcos, Congregación Villa Allende, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, al imponerles pagos para poder transitar”
Detalló que por ahí circulan diariamente en promedio 18 mil 986 vehículos y es reiterado el reclamo ciudadano, incluso en repetidas ocasiones servidores públicos y representantes populares han solicitado la cancelación del cobro excesivo de la caseta.
Agregó que el gobernador tendrá que analizar si hay condiciones para quitar la caseta, porque el exhorto es opcional, seguramente hará planteamiento a las Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, “mientras tanto yo, en mi calidad de diputado, y la población estaremos pendientes del caso”.
Explicó que la caseta es operada por un fideicomiso estatal constituido años atrás con la condición de que 70 por ciento de la utilidad que se destinaría a la Construcción del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos y un remanente para gastos de operación del túnel, pero con esa regla de operación se está sacrificando a la población.
“Según datos obtenidos vía transparencia durante 2016, 2017 y hasta julio de 2018 el Fideicomiso ha obtenido recursos económicos por 358 millones 747 mil 298 pesos que derivan del cobro de las casetas».
Expuso que dada la difícil situación económica de la entidad, y en atención a la demanda de los miles de afectados, sería un acto de justicia que el Ejecutivo determine retirar los cobros excesivos que se imponen a los automovilistas.