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CIUDAD DE MÉXICO, 5 de enero de 2017.- Tras los bloqueos y saqueos a centros comerciales registrados en el país por alza a los combustibles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomienda a las autoridades federal y estatales a que sin afectar el ejercicio de derechos de libre expresión de ideas y protesta social, implementen las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad física y patrimonial de los ciudadanos.
El organismo también pide a las autoridades brindar a la sociedad información objetiva y veraz sobre los hechos que se presenten y las acciones que se realicen en este contexto, para prevenir que la desinformación y los rumores generen miedo y confusión.
Señala que la existencia de un descontento social legítimo no debe ser utilizado para la consecución de intereses individuales de naturaleza política, económica o de ninguna otra índole.
La CNDH hace un respetuoso llamado a los actores políticos y sociales para que tengan una actuación ética, responsable y en el marco de la ley ante estos hechos, que prevenga que se capitalice o se obtenga un beneficio ilegítimo, manipulando o aprovechando la indignación social que se advierte.
Destaca que como se ha señalado en otras ocasiones, para la CNDH el ejercicio de todo derecho, así como el planteamiento de cualquier protesta, inconformidad o expresión de indignación, debe realizarse invariablemente de manera pacífica, con respeto a los derechos de terceros, sin infringir la ley o atentar contra las instituciones, así como en contra de la integridad física y su patrimonio.
Este organismo nacional condena enérgicamente los saqueos y actos vandálicos que se han registrado y reitera que la legitimidad de los reclamos sociales debe estar acompañada de la legalidad de los actos en que se expresen, por lo que no se justifica ninguna violencia como recurso de presión o imposición alguna.
Subraya que es importante la estabilidad económica del país, pero no a costa de su estabilidad social y exhorta al Gobierno Federal para que se implementen a la brevedad las medidas anunciadas por la Presidencia de la República en beneficio de los grupos más desfavorecidos, y en defensa de sus derechos sociales.
Además, pide se diseñen e implementen medidas de racionalidad y control del gasto para el combate efectivo a la corrupción e impunidad, que permitan un manejo más eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin afectar directamente la economía de las personas y de sus familias.