Atiende PC reporte de fuga de gas en el centro de Xalapa
En tiempos electorales, el golpeteo mediático suele intensificarse. Cada declaración de un gobernante puede convertirse en materia prima para la confrontación política, y en ese escenario las palabras se recortan, se sacan de contexto y terminan diciendo algo distinto de lo que originalmente se quiso expresar.
Eso ocurrió con las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle sobre el llamado “show mediático” de la oposición.
La Gobernadora no estaba hablando de las madres y padres de niños con cáncer. Tampoco de sus familias, ni de los médicos, enfermeras y personal de salud que todos los días ponen su conocimiento, esfuerzo y vocación al servicio de los pacientes.
Su señalamiento, de acuerdo con la explicación que posteriormente ofreció, estaba dirigido a quienes utilizan políticamente un caso de enfermedad para convertirlo en instrumento de confrontación.
Y ahí hay una discusión que vale la pena colocar por encima del ruido electoral: con los niños, no. La salud no puede convertirse en ring político.
Puede debatirse el tono de una declaración. Eso forma parte de la discusión pública y del derecho de cualquiera a cuestionar a un gobernante. Pero reducir todo un episodio a tres palabras y borrar el contexto tampoco contribuye a entender lo ocurrido.
El asunto surgió después de que un caso relacionado con la atención de un paciente fuera llevado a un medio nacional, en una entrevista con un médico cuya participación en la vida pública y política tampoco es desconocida. A partir de ahí se desató una polémica que rápidamente pasó del terreno de la salud al de la confrontación política.
Y ese es precisamente el punto que debería preocuparnos.
Los pacientes no son propaganda. Las enfermedades no son consignas. Las niñas y los niños no pueden convertirse en piezas de una disputa electoral.
La exigencia de una atención médica digna, oportuna y suficiente es legítima y necesaria. También lo es señalar cuando existen carencias. Pero una cosa es denunciar un problema y otra muy distinta utilizar el dolor de una familia como combustible para una disputa política.
En Veracruz, la propia gobernadora ha reconocido que el sistema de salud enfrenta retos. No ha sostenido que todo esté resuelto. Por el contrario, ha hablado de medicamentos que pueden faltar, infraestructura que necesita mantenimiento, hospitales que requieren ampliaciones y personal que demanda mejores condiciones.
Y, al menos desde el discurso gubernamental, la respuesta ha sido recorrer los hospitales y revisar directamente las condiciones en que se presta el servicio.
La Gobernadora ha informado que ha visitado 31 de los 61 hospitales del IMSS-Bienestar en Veracruz. En esos recorridos, ha entrado a farmacias, revisado existencias, preguntado por faltantes, identificado excedentes, escuchado a médicos y enfermeras, revisado infraestructura y recogido pendientes.
El dato importante no es presentar una fotografía idílica del sistema, sino reconocer que la salud pública es un proceso permanente de revisión y corrección. Donde hay faltantes, deben atenderse; donde existen excedentes, pueden redistribuirse; donde la infraestructura resulta insuficiente, debe plantearse su ampliación.
Eso es justamente lo que debería ocupar el centro de la conversación.
La salud, al igual que la educación, es uno de los asuntos que más directamente impactan la vida cotidiana de las familias. Por eso merece una discusión seria, con datos, seguimiento y transparencia, no una batalla de consignas.
También está en juego el objetivo de avanzar hacia un sistema de salud más universal, una política impulsada desde el Gobierno federal y vinculada al fortalecimiento del IMSS-Bienestar.
Se puede cuestionar al gobierno. Se deben señalar sus errores cuando existan. Se debe exigir que los hospitales tengan medicamentos, personal, infraestructura y capacidad de atención. Todo eso forma parte de una democracia saludable.
Pero también habría que exigir responsabilidad a quienes convierten cada carencia, cada paciente y cada historia de dolor en munición electoral.
Porque detrás de una cifra hay una persona. Detrás de una enfermedad hay una familia. Y detrás de un niño enfermo hay padres que no están pensando en elecciones, partidos ni discursos: están pensando en que su hijo se cure.
Por eso, en la discusión política, hay una frontera que no debería cruzarse.
Con los niños, no.
La salud pública merece crítica, vigilancia y exigencia. Pero, sobre todo, merece ser tomada en serio.
Que la disputa política no termine ocultando el verdadero objetivo: garantizar que las familias tengan acceso a servicios de salud dignos y que el sistema pueda mejorar allí donde todavía existen pendientes.
Porque cuando se trata de la salud de nuestros niños, el interés superior debería estar por encima de cualquier cálculo político.




