Comisión de Vigilancia trabajará con transparencia y conforme a derecho

XALAPA, Ver., 19 de noviembre de 2021.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica y 45 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo del Estado, este viernes se llevó a cabo la instalación de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVI Legislatura, presidida por el diputado Luis Arturo Santiago Martínez.

En este acto y con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, diputada Cecilia Guevara, así como de la titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, el legislador Santiago Martínez hizo un llamado a los demás integrantes de esta comisión a trabajar con estricto apego a derecho, con transparencia y honestidad.

“El único objetivo en común que debemos tener es velar siempre por los intereses de las y los veracruzanos”, agregó.

Tras la lectura del acta de instalación, se procedió a la protesta de los integrantes de la Comisión de Vigilancia, integrada por las y los diputados: Luis Arturo Santiago Martínez, presidente, Luis Fernando Cervantes Cruz, secretario, y Magaly Armenta Oliveros, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Luis Antonio Luna Rosales, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, Roberto Francisco San Román Solana, Paul Martínez Marie, Fernando Arteaga Aponte, Ramón Díaz Ávila, Lourdes Juárez Lara, Marlon Eduardo Ramírez Marín, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Othón Hernández Candanedo y Bingen Rementería Molina, vocales.

De esta manera, dan inicio los trabajos de esta instancia legislativa, cuyas funciones son de gran importancia en la revisión y fiscalización de los recursos públicos estatales.

Conforme a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado esta Comisión recibe las Cuentas Públicas de los diversos entes fiscalizables estatales y, en apego a sus atribuciones, instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) realizar la revisión y las auditorías correspondientes para verificar que el gasto público haya sido conforme a derecho.