Colectiva de Orizaba, acusa revictimización por parte de autoridades

ORIZABA, Ver., 1 de julio de 2026.- Integrantes de la Colectiva Violencia Vicaria Orizaba emitieron este miércoles un pronunciamiento público para denunciar presuntas omisiones y actos de revictimización por parte de autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, al asegurar que tanto ellas como sus hijos enfrentan obstáculos constantes durante los procesos legales.

Las activistas explicaron que la violencia vicaria es una forma de agresión en la que los hijos son utilizados para causar daño a las madres, y señaló que su principal objetivo es defender los derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo entornos libres de violencia y garantizando el interés superior de la infancia.

Las integrantes afirmaron que muchas madres enfrentan procesos civiles y penales en los que, aseguran, existen irregularidades que terminan favoreciendo a los presuntos agresores.

También denunciaron que los menores son sometidos a procedimientos que, según su postura, vulneran sus derechos y afectan su bienestar emocional.

Asimismo, sostuvieron que han sido víctimas de violencia institucional, al considerar que las investigaciones y resoluciones judiciales no se desarrollan con la rapidez ni la sensibilidad necesarias, situación que, dijeron, prolonga el daño hacia las familias involucradas.

Entre sus principales exigencias, solicitaron que las autoridades respeten plenamente los derechos de los menores, integren de manera adecuada las investigaciones, valoren todas las pruebas presentadas y garanticen que las declaraciones de niñas, niños y adolescentes sean atendidas conforme a su edad y condición.

La colectiva también pidió que durante todos los procesos judiciales exista acompañamiento de personal especializado en psicología infantil, con el propósito de proteger la participación de los menores y privilegiar en todo momento su interés superior.

Además, se exhortó al Tribunal de Disciplina y al Ministerio Público a fortalecer la supervisión del actuar de jueces y servidores públicos, así como a investigar de manera pronta y efectiva las carpetas relacionadas con casos de violencia vicaria, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas.