XALAPA, Ver., 16 de mayo de 2019.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, a cargo de Namiko Matzumoto Benítez, subrayó que es erróneo que, como lo afirmó el Fiscal General del Estado, jamás haya emitido una recomendación similar a la hecha a la 25/2019 por hechos ocurridos durante el tiempo en el que fungió como gobernador Javier Duarte de Ochoa.

En un comunicado, detalló que por el contrario, de 2016 a la fecha, la Comisión recibió múltiples quejas por violaciones graves a derechos humanos, emitiéndose 94 recomendaciones, por hechos que acontecieron entre febrero de 2011 y octubre de 2016, incluida la Recomendación General 1/2017 relacionada con desaparición de personas.

El año pasado, se emitió la recomendación 7/2018, concerniente a 32 expedientes acumulados relativos a 39 víctimas, también de desaparición, cuyos hechos ocurrieron entre abril de 2010 y octubre de 2016. En el tiempo en el que el actual Fiscal lleva al frente de dicho órgano autónomo se han emitido 47 recomendaciones dirigidas a dicho ente público, de las cuales únicamente 37 han sido aceptadas y solamente una (en 2017 la recomendación 9/2017) cumplida en su totalidad.

Esta Comisión reitera que todas las personas son merecedoras de la protección de sus derechos humanos, y esto así, porque más allá de las características, calidades o cualidades particulares, los seres humanos somos idénticos en dignidad y ésta es, precisamente, el fundamento de nuestros derechos.

En la ejecución de su tarea, la Comisión no determina si las personas imputadas por un delito son inocentes o responsables; eso es tarea de la Fiscalía, en principio, y posteriormente del Poder Judicial.

No es ocioso señalar que este organismo no forma parte de ninguna “estrategia” para proteger a “cómplices” de persona alguna, como temeraria y falazmente se afirma por parte de la Fiscalía General del Estado, la cual, como órgano técnico especializado en la Ciencia Jurídica, conoce, o debiese conocer, los elementos que constituyen la tortura, mismos que quedaron plenamente acreditados en la recomendación 25/2019.

Es mandato constitucional y legal para este órgano autónomo investigar las violaciones a derechos humanos, sin importar quién sea el quejoso. Si cumpliera esta obligación de manera selectiva, sólo respecto de quienes la Fiscalía General del Estado estima que son merecedores de tal protección, o de quiénes, a priori considera que no son responsables de los delitos que se le imputan, la Comisión habría dejado de investigar, precisamente, los casos en los que se ha criminalizado, desde el inicio, a múltiples víctimas de desaparición, con base en la presunción de que son delincuentes, y estaríamos incurriendo en una re victimización, además de que se estarían incumpliendo las normas que rigen la actuación de la CEDH.