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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de julio de 2017.- A dos años de los feminicidios de Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martin, y el homicidio del fotorreportero Rubén Espinosa en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas persisten en su negativa de garantizar los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación integral del daño en favor de las víctimas, acusó Artículo 19.
En un comunicado, subrayó que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su Recomendación 4/2017 emitida el 22 de junio pasado, señaló que la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México habían sido responsables del desaseo en la investigación sobre los hechos, así como en el mal manejo de la escena del crimen, de las evidencias, del deficiente agotamiento de las líneas de investigación así como de la falta de cumplimiento en los derechos de las víctimas.
Expone que estas irregularidades y violaciones a los derechos humanos habían sido señalados por las organizaciones que representaron a las víctimas pocas semanas después de los hechos, pero con la emisión de esa Recomendación, la CDHDF corrobora que aquello que señalaban y que el exprocurador se atrevió a descalificar, se han convertido en un conjunto de violaciones probadas.
En este marco de violaciones a derechos humanos, la PGJCDMX se negó a realizar las investigaciones pertinentes en relación a las empresas de seguridad privada en la Ciudad de México propiedad del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, sobre todo porque el domicilio de una de ellas se encontraba a unos minutos del departamento en Luz Saviñon y porque personal de esas empresas tienen permisos para portar armas y capacitación para usarlas de manera profesional.