Carpetazo a denuncia por presunta omisión de cuidados en caso de abuso

MINATITLÁN, Ver., 30 de agosto de 2024.- El pasado miércoles 28 de agosto, la fiscal especializada e investigadora de Delitos de Violencia contra la Familia en Minatitlán, Laura Yesenia Rodríguez Fonseca, le avisó a Macaria Cruz López que no seguirá la investigación en contra del director de la secundaria Técnica número 88, Omar Ochoa, y otros directivos y trabajadores de la escuela por el presunto abuso que sufrió su hija en un salón de clases.

Desde su origen, este caso se ha convertido en un verdadero calvario para Macaria, pues ahora la fiscal segunda especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas de la Región de Minatitlán se negó a judicializar esta carpeta de investigación en contra del personal de la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI), ubicada en esta ciudad, por los presuntos delitos de omisión al cuidado de una menor víctima de abuso sexual y dar protección al agresor.

La madre de familia Macaria Cruz López, sostuvo que la fiscal Laura Rodríguez determinó que no tienen pruebas suficientes en contra de los docentes, por lo que no pueden enviar la carpeta de investigación a un juez de Control del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) y se cite a los señalados a una audiencia inicial, imputación y vinculación a proceso.

Macaria suplicó con micrófono en mano en una manifestación que “se judicialice la carpeta de investigación conforme a los derechos humanos de la menor víctima de abuso sexual; la fiscal no es juez para determinar una carpeta, la fiscal ya dio carpetazo a la denuncia, la Fiscalía lo está haciendo, porque no me puedo amparar”.

La madre de familia reprobó la negativa de poder acceder a la justicia, ya que la Fiscalía General del Estado dio carpetazo a la denuncia contra los docentes, de modo que podría recurrir a solicitar un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, pero por si fuera poco los juzgados están cerrados por el paro laboral de los empleados en protesta por la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sintiéndose impotente, Macaria dijo que no puede acceder a la justicia, “no puedo luchar contra esta decisión de no continuar con la investigación, ahorita no están recibiendo amparos, no están trabajando los magistrados y no están dando amparos, me dicen que ya le dieron carpetazo a mi carpeta, no puedo hacer nada, porque no me pueden amparar”.

Agregó que la FGE cuenta con pruebas suficientes para judicializar la carpeta de investigación en contra de los docentes que omitieron cuidar a su hija, “además protegieron al agresor al permitir que convivieran en el mismo salón durante casi un año posterior al abuso sexual. La fiscal no está haciendo un deber legal, está protegiendo a los maestros y su deber es proteger el interés de los niños. Se supone que ese es su deber legal como fiscal. ¿Dónde quedan las víctimas como mi hija, si tenemos fiscales como ella? Pido justicia para mi hija”.

Destacó que una de las pruebas que tiene la FGE es que el menor agresor fue vinculado a proceso por un juez de Responsabilidad Juvenil del PJEV, con sede en la congregación Palma Sola, en el municipio de Alto Lucero, con el proceso penal 020/2023, autoridad que ordenó una supervisión del DIF estatal y municipal para que no salga de su domicilio.

“O sea, prácticamente es un arraigo domiciliario; la fiscal no investiga. ¿Saben por qué? Aquí hay intereses de por medio. Estoy peleando con un monstruo, que es el gobierno, estoy peleando con el gobierno de la SEV, con un monstruo que es la Fiscalía y se están tapando entre ellos. La fiscal me dice que no tengo suficientes pruebas. ¿Qué pruebas necesita para que pase mi carpeta y que sea revisada por un juez?”

La hija de Macaria, de 12 años de edad, fue víctima de abuso sexual en el salón 26 B de la escuela mencionada en Minatitlán el 7 de diciembre de 2022 y fue hasta marzo de 2023 cuando el director y maestros de la escuela le informaron a la madre los hechos.

“La violación ocurrió provocada porque los maestros le dieron una llave a mi hija para que se hiciera cargo de la limpieza y cuando ella se quedaba a checar la rutina de la limpieza, el chamaco abusó de ella el 7 de diciembre, mi hija calló por miedo, el menor la amenazaba. Cuando ya no pudo aguantar más, ella le contó a dos compañeras y las niñas la acompañaron a denunciarle al asesor, director, maestros”.

De esta manera, el 8 de marzo de 2023, Macaria interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de omisión y encubrimiento contra los docentes, porque tenían conocimiento del abuso sexual y lo ocultaron y se dio inicio a la carpeta de investigación MIN/DXXI/FEMUJ/F2/039/2024.

Sin embargo, a un año de la denuncia interpuesta, Rodríguez Fonseca informó que no hay pruebas, pese a que la SEV reconoció que el director, subdirector, maestros, maestras, prefectos y asesores de la escuela cometieron un incumplimiento del deber legal, encubrimiento y ocultamiento en el caso de un abuso sexual contra una menor de 12 años ocurrido en diciembre del año 2022.

La madre, con micrófono en mano, insistió: “¿Qué más pruebas necesita la fiscal? Si el menor violador está vinculado a proceso, hay dos maestros cesados y tres fuera de la institución escolar, son 5 maestros señalados y dice que no tiene pruebas”.

En su calvario, en una lucha donde pareciera estar sola contra el mundo, Macaria se manifestó frente a las instalaciones de la Fiscalía de Minatitlán para solicitar a la fiscal Roberta Ayala que dé la oportunidad a su hija de llegar a un juez del PJEV y aportar las pruebas que demuestren que los docentes no la cuidaron y protegieron al agresor.