Carlos Ramírez/Indicador político

La CNDH, decisión clave de gobierno de AMLO: el Estado vigila al Estado

La creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1990 fue una decisión estratégica del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari: el Tratado de Comercio Libre exigía el fin de la represión del Estado. Así, el nuevo organismo formó parte de la democratización del México que se abría a la observación internacional.

Hoy el gobierno del presidente López Obrador va a definir el pivote que va a representar la CNDH en medio de quizá la peor herencia de la represión del viejo régimen priísta: la guerra sucia criminal contra la disidencia que carecía de cauces institucionales de participación, Y su escenario será doble: de un lado, ahora sí ajustar cuentas con el pasado de represión que Fox quiso hacer, luego le dio temor llegar al fondo y al final traicionó su compromiso; y de otro, convertir a la CNDH en un contrapeso a los vicios autoritarios del Estado.

La CNDH nació con la estridencia de su primer presidente, el entonces exrector Jorge Carpizo MacGregor, pero a la larga necesaria para posicionar la defensa de los derechos: luego el organismo pasó por tres presidencias light (1993-1999), volvió a reanimarse con José Luis Soberanes y Raúl Plascencia (1999-2014) en los años de la alternancia al PAN y de la alternancia al PRI; y entró en una zona gris de burocratización, gigantismo e ineficacia oficinesca de oficios con miles de copias inservibles durante los cuatro años de Luis Raúl González Pérez.

La CNDH tiene, además, un candado poco analizado: el apoyo de la Unión Europea a la reforma económica salinista pasó por el cumplimiento de la cláusula democrática, un mecanismo de exigencia de condiciones de democratización: el respeto a los derechos humanos, desde los sociales por la pobreza, hasta por políticos por los electorales, pasando por el ajuste de cuentas con el pasado represor del régimen priísta. En este sentido, buena parte de los organismos autónomos del Estado que se crearon desde 1990 no fueron por capricho presidencial, sino porque el Estado priísta era autoritario, represor, centralista y sobre todo sin contrapesos ciudadanos.

En este contexto, la designación del próximo presidente de la CNDH debe pasar por el sacudimiento de la modorra del periodo de González Pérez, pero de conformidad con las reglas de equilibrios democráticos entre Estado y sociedad. Si el Senado escoge a un incondicional del nuevo gobierno, el saldo será más negativo porque todas las violaciones de derechos constitucionales por parte del Estado encuentran estridencia multiplicadora en medios de comunicación.

La designación potencia requerimientos especiales toda vez que el principal problema de represión heredado por el gobierno actual es la cifra de más de 25 mil personas desaparecidas por razones políticas. El simbolismo de la medalla Belisario Domínguez a doña Rosario Ibarra de Piedra por su lucha contrae el autoritarismo represor del Estado que desapareció a su hijo Jesús y la inclusión en la terna de aspirantes a la CNDH de María del Rosario Piedra Ibarra, hija de doña Rosario, obliga a una decisión estratégica: investigar la represión del pasado y proteger a la sociedad del autoritarismo del Estado.

Junto con la designación del encargado de la CNDH –sea hombre o mujer– debe darse en el Senado una profunda reforma del organismo para dotarlo de capacidad de exigencia de cumplimiento de recomendaciones, porque hasta ahora sus dictámenes carecen de fuerza institucional y peor aún si van de la mano con la tibieza de autoridad del responsable.

La estructura autoritaria del Estado que permitió la represión sin castigos comenzó a cuartearse cuando los medidos de comunicación –de manera sobresaliente la revista Proceso en sus primeros seis años– dieron espacio público a las denuncias de autoritarismo en los setenta. López Portillo operó en cuatro pistas: autorizó la guerra sucia para liquidar disidentes armados, legalizó el Partido Comunista Mexicano para llevarlo al Congreso, promulgó una ley de amnistía contra guerrilleros presos y torturados y no frenó las publicaciones que denunciaban represiones priístas.

Lo grave de todo es que existe una inercia represiva violenta o institucional contra sectores de la sociedad porque las quejas ante la CNDH no han cambiado, incluyendo asesinatos y amenazas contra disidentes, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Y sobre la represión del pasado con los desaparecidos por causas políticas sigue pendiente la creación de una verdadera fiscalía que finque responsabilidades en base a una necesaria y urgente ley de memoria histórica contra el régimen priísta.

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Culiacán. Algo está fallando en la política de comunicación social del gobierno federal porque ya van dos semanas de la crisis en Culiacán y las explicaciones no cambian el sentido de la crítica de casi todos los medios escritos. A lo mejor se olvida que la comunicación política es… política.

Política para dummies: La política es el espacio de las negociaciones, no de los manotazos autoritarios sin equilibrio ciudadanos de poder.

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