Carlos Ramírez/Indicador político
Aunque la primera reacción en las redes sociales sobre el arresto del capo Ovidio Guzmán López –hijo de El Chapo y jefe de la producción y exportación de fentanilo a Estados Unidos– acreditó la decisión a la visita el próximo lunes del presidente Joseph Biden, de todos modos, hubo la determinación estratégica del Gobierno mexicano de dar un paso hacia adelante y replantear una parte de la estrategia de seguridad para pasar de los abrazos a los balazos.
Ovidio tenía una cuenta pendiente con las Fuerzas Armadas mexicanas desde octubre de 2019 cuando fue arrestado para deportarlo, pero la violenta respuesta de su banda del Cártel de Sinaloa amenazó con estallar camiones bomba en zonas habitacionales de familiares de militares y el presidente de la República dio la orden de liberarlo para evitar bajas civiles.
A lo largo de poco más de tres años, el presidente López Obrador tuvo que aceptar la responsabilidad de una decisión que le habría de causar severas críticas de complicidad con los cárteles del narco, incluyendo el enfriamiento de las relaciones oficiales de México con la DEA. En este tiempo político, el gobierno mexicano tuvo que reconocer las críticas en el sentido de que había un pacto de convivencia criminal con el Cártel de Sinaloa de El Chapo como una forma de intentar la estabilización de la violencia en una de las zonas más calientes del narco mexicano.
Las primeras reacciones en México acreditando a la presión estadounidense para confrontar a uno de los dos más importantes cárteles del crimen organizado no alcanzaron a explicar la lógica de la lucha contra las bandas criminales: el Gobierno de Estados Unidos presiona de manera persistente a México para arrestar y desmantelar a los cárteles que producen droga que es enviada a Estados Unidos para consumo, pero el gobierno estadounidense ha sido aún más pasivo que el mexicano al permitir que del 2005 a la fecha nueve cárteles mexicanos tengan el control creciente del contrabando de droga, la distribución en todo Estados Unidos y sobre todo la venta al menudeo en las calles americanas.
El gobierno estadounidense ha estado insistiendo en acciones mexicanas para combatir la producción y contrabando de fentanilo a Estados Unidos, pero las autoridades americanas no han tomado ninguna decisión de fondo para luchar contra el acceso libre a esa droga en las calles estadounidenses y su consumo no penalizado que provocó en el 2022 la muerte de más de 100,000 estadounidenses por sobredosis de droga. Para la estrategia de seguridad de EU, el consumo de drogas es un derecho individual y las autoridades solo tienen la responsabilidad de atender el efecto negativo de la adicción.
En este contexto, el gobierno estadounidense quiere obligar al gobierno mexicano a reducirles los espacios a la producción y tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero sin que hasta la fecha haya tomado decisión alguna para combatir el consumo libre de drogas que podría estar afectando a más de la mitad de la población americana, con el dato verificable de que el 9% de la población consume drogas con efectos en la salud, pero que existen segmentos crecientes de la población que tienen acceso a las drogas para consumirlas sin tener que acudir a los hospitales.
La decisión mexicana de arrestar a Ovidio cambia la lógica de la estrategia nacional de seguridad pública al pasar a una ofensiva que generó reacciones violentas de una verdadera guerra a balazos en las calles de Sinaloa, con posibilidades de eventos terroristas reactivos en los próximos días y semanas en otras plazas de la República donde el cártel de Sinaloa disputa también a balazos el control territorial a otros grupos criminales.
El arresto de Ovidio intensifica la urgencia del Gobierno mexicano para lograr el arresto de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, jefe del CJNG, también en la lista de los más buscados por las autoridades estadounidenses y con ofertas de millones de dólares por su captura. La estrategia mexicana de seguridad tiene clara la necesidad de evitar que el resto de Ovidio sea solamente para beneficio y consolidación del Cártel Jalisco Nueva Generación que se ha destacado por ser el más violento inclusive contra las autoridades mexicanas.
La lectura estratégica del arresto de Ovidio es muy simple: termina el periodo de los “abrazos, no balazos” y comienza el ciclo del combate frontal contra las organizaciones del crimen que han consolidado su fuerza en estos cuatro años y a las que será muy difícil de vencer en el corto plazo.
En términos simples, el gobierno del presidente López Obrador retoma la línea estratégica anticárteles de Calderón y Peña Nieto.
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Política para dummies: La política es también la guerra.
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