Carlos Ramírez/Indicador político
Con una agenda electoral migratoria diseñada en forma exclusiva para confrontar a Donald Trump, el presidente Joseph Biden está encarando un grave, peligroso y creciente desorden en la frontera México-EE. UU. y está afectando sus consideraciones respecto a la política de lucha contra el crimen organizado trasnacional.
El tema más grave se localiza en la pérdida de los hilos institucionales de control de la política migratoria y el uso de la fuerza por parte de la Casa Blanca, dejando mucho espacio a las milicias antinmigrantes y a la derecha conservadora republicana reactivada por el expresidente Trump y dinamizada por los gobernadores de Texas y de Dakota del Sur.
La última información que se reveló en The Washington Post indica que el gobernador de Dakota del Sur, el republicano Kristi Noem, aceptó aportación privada de un donante republicano para pagar movilización privada de tropas de la Guardia Nacional hacia la frontera mexicana, pero con el dato alarmante de que Dakota del Sur hace prácticamente frontera con Canadá en el medio oeste estadounidense y que las tropas tendrían que atravesar más de medio país y buscar algún estado republicano que acepte el involucramiento.
La pérdida de la capacidad de iniciativa de la Casa Blanca sobre la política migratoria se percibió con claridad en la fracasada visita oficial de la vicepresidenta Kamala Harris a México y Centroamérica, porque se percató de que el proyecto centroamericano de Washington era limitado, inconsistente y sobre todo ajeno a la realidad de la región. El punto clave de EE. UU. estuvo en la idea de subordinar a México al plan estadounidense, pero se encontraron con un presidente mexicano que dijo que no y que marcó distancias hacia el proyecto de Biden.
De octubre del 2020 a junio del 2021 cruzaron la frontera más de un millón de migrantes y siguieron congestionando los mecanismos legales migratorios del Gobierno estadounidense, que no se da abasto para atender las solicitudes de asilo, que ha decidido no expulsar a los solicitantes y que ha tenido que aceptar sin investigación cientos de miles de personas que ya están dentro de su territorio.
El tema lo tiene en su agenda la vicepresidenta Harris, pero con evidencias de que el cansancio por edad del presidente Biden le ha trasladado paquetes de reorganización de los programas públicos, además de gastar mucho tiempo en el acompañamiento personal del presidente para irle corrigiendo sobre la marcha discursos, recordándole sus olvidos y ayudándole a identificar interlocutores.
La vicepresidente Harris salió de México sin compromisos migratorios formales y sólo después de esa visita realizó una fugaz gira por una zona de Texas para reunirse con migrantes y visitar instalaciones de la patrulla fronteriza. Esta gira estuvo motivada por las crecientes críticas de los republicanos hacia la política migratoria de Biden. Sin embargo, esa visita careció de algún proyecto concreto o de alguna iniciativa inmediata para regular el flujo de migrantes.
El mensaje de la gira de la vicepresidenta Harris en Centroamérica rompió el consenso demócrata y volvió a darles argumentos a los republicanos, pues su petición a los migrantes de qué “no vengan y si vienen los regresamos” resultó contrario al compromiso de sensibilidad social de la promesa electoral de Biden.
La crisis del proyecto migratorio de Biden tiene un derivado para el cual la Casa Blanca tampoco tiene una solución: la consolidación del poder del crimen organizado en estados de ambos lados de la frontera, creando una tierra de nadie que está bajo el control de las bandas criminales y su capacidad de corrupción. La última edición la revista Rolling Stone reveló evidencias concretas en el sentido de que miembros de las agencias antinarcóticos y de temas fronterizos son los que también participan en la complicidad con los carteles para traficar personas y droga, porque de otra manera no se entendería la facilidad con que los productos mexicanos ilegales cruzan la frontera y se desparraman por todo el territorio estadounidense, además de que el personal numeroso de siete cárteles mexicanos dentro de EE. UU. ingresó de manera legal o ilegal y controla la compra-venta de droga en el mercado al menudeo en más de tres ciudades estadounidenses.
La pérdida del control de la frontera México-EE. UU. refleja una crisis de seguridad nacional en ambos países. Pero hasta ahora Biden quiere sólo subordinar a México y México no acepta someterse al control estadounidense.
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Política para dummies: La política es el mecanismo para ponerse de acuerdo, no para definir trincheras de confrontación.
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