Capacitan a servidores públicos de Córdoba sobre blindaje electoral

CÓRDOBA, Ver., 12 de noviembre de 2026.- Con el propósito de fortalecer la transparencia en el servicio público y garantizar el uso adecuado de los recursos municipales durante el próximo proceso electoral, el Ayuntamiento de Córdoba, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, realizó la capacitación Alineación a la normatividad electoral: legalidad, blindaje institucional y responsabilidad social de los actores municipales.

Cabe mencionar que la capacitación fue impartida por Celia Elena Pérez Paredes, vocal ejecutiva de la 16 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Veracruz, presentada por Daniel Rodríguez Salazar, titular de la Unidad de Comunicación Social del Ayuntamiento, con la finalidad de proporcionar a las distintas áreas municipales información sobre los lineamientos y disposiciones que deberán observar durante el proceso electoral 2026-2027.

A dicha reunión asistieron servidores públicos de distintas áreas del ayuntamiento, convocados para tener conocimiento de temas que son relevantes en sus funciones propias de sus comisiones, coordinaciones y jefaturas, así como las acciones del personal en general, durante el periodo electoral.

Durante su participación, la ponente explicó las actividades que las dependencias y los servidores públicos deben restringir o evitar durante las etapas de precampañas y campañas electorales, previstas para el periodo de febrero a mayo de 2027, así como la importancia de actuar conforme a la legislación electoral vigente.

Asimismo, se destacó que el blindaje electoral es una política pública de carácter preventivo cuyo objetivo principal es evitar que los recursos públicos, programas sociales, actividades institucionales y funciones del servicio público sean utilizados con fines político-electorales, garantizando su ejercicio transparente, responsable e imparcial, sin generar condiciones de inequidad en la contienda.

Igualmente, explicó que estas medidas buscan prevenir acciones que puedan representar una violación a la normatividad electoral, asegurando que el desempeño de los servidores públicos no favorezca ni perjudique a partidos políticos, candidaturas, personas aspirantes o candidaturas independientes.