Busca diputado incentivar contratación de personas con discapacidad

XALAPA, Ver., 3 de diciembre de 2020.- Incentivar la contratación de las personas con discapacidad es el principal objetivo de la Iniciativa de Decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad y el Código Financiero, ambos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el diputado Bingen Rementería Molina.

Esta propuesta, de acuerdo con el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), permitirá que las empresas que contraten a personas con discapacidad apuesten por “personal de inclusión” y realicen las adaptaciones en sus procesos, instalaciones o manuales para que sumen con su talento a la empresa.

Desde la tribuna, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, el Diputado refirió que en Veracruz, según la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, el 13.56 por ciento de personas con discapacidad no estaba afiliado a alguna institución de salud, lo equivalente a 91 mil 364 personas que, además de las dificultades para realizar sus labores cotidianas, no reciben atención médica gratuita ni privada.

Añadió a esto que en México aproximadamente un millón de personas con discapacidad tienen posibilidades de trabajar y no son incluidas en el mercado laboral. En razón de lo cual, planteó en su iniciativa una modificación al Código Financiero donde se establece que tanto el Gobierno del Estado como las empresas deban integrar en su planilla laboral al menos al 5 por ciento de personas con discapacidad.

Al considerar que esta medida no puede ir acompañada sin un incentivo fiscal a las empresas, propuso también que se exente del pago del Impuesto sobre la Nómina para el doble del porcentaje de personas con discapacidad contratadas.  Es decir, quien contrate al menos un 5 por ciento de “trabajadores de inclusión” quedará exento del pago de este impuesto en un 10 por ciento.

Asimismo, se amplía de tres a cinco por ciento el número mínimo de vacantes disponibles para las personas con discapacidad en el servicio público estatal, en la administración pública centralizada y paraestatal, “siempre que cumplan con los requisitos de ingreso y cuenten con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes”.