Bloqueo de Fiscal a periodistas en Twitter vulnera derecho a información

XALAPA, Ver., 2 de octubre de 2017.- La presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza, dio a conocer que podrían apoyar a los comunicadores que deseen utilizar vías legales para exigir al fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, el desbloqueo de sus cuentas en Twitter, como sucedió en un caso similar en Nogales, Sonora.

Durante el fin de semana diversos periodistas dieron a conocer que el titular de la FGE los habría bloqueado en su cuenta de Twitter para evitar ser criticado o que pudieran ver las actividades cotidianas que el funcionario estatal publica diariamente.

“No podemos avalar ninguna decisión que vulnere el derecho a la información y el acceso a la libertad de expresión, son dos derechos que a nosotros nos toca tutelar, nos toca defender y en este caso cualquier iniciativa que inhiba, que son derechos humanos fundamentales, obviamente estamos en contra”.

Pérez Mendoza comentó que no sólo el Fiscal bloquea a reporteros veracruzanos, sino también el diputado federal Alberto Silva, pues han tenido quejas y reportes al respecto, por lo que reiteró que el organismo está dispuesto a apoyar a quienes deseen.

“Existe jurisprudencia al respecto, ya lo hemos revisado nosotros, porque ya hubo quejas al respecto, ya dependerá de los compañeros si desean interponer un juicio para exigir ese derecho, dependerá de ellos, pero nosotros estaremos asesorando a quienes así lo deseen y además no es el único funcionario que lo ha hecho, hay otros funcionarios, como por ejemplo el diputado Alberto Silva”.

Un caso similar se presentó en Nogales, Sonora, en donde juez Quinto de Distrito ordenó al presidente municipal Cuauhtémoc Galindo desbloquear al usuario de Twitter @raczoblue, ya que vulneraba su derecho al acceso de información pública.

De acuerdo con el columnista de Forbes, Rubén Darío Vázquez, el ciudadano Luis Óscar Ruiz tramitó un amparo en agosto de este año luego de que el funcionario municipal lo bloqueó en Twitter, lo que le impedía ver sus publicaciones y comentarlas.

El argumento para iniciar el recurso fue que “los servidores públicos no deben privarnos unilateralmente de lo que, como tales, informan en sus redes”, según un tuit que fijó en su perfil.