Autoridades deben garantizar derechos sexuales de veracruzanas

XALAPA, Ver., 28 de septiembre de 2017.- En el marco del Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina, activistas de diferentes estados se unen a la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones de la primera declaratoria sobre agravio comparado emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En este sentido, María de la luz Estrada, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señaló que la ciudadanía veracruzana debe tener en cuenta que estamos ante actos dolosos del Ejecutivo y del Legislativo para cumplir con recomendaciones que evidencian la gravedad de los derechos reproductivos de las mujeres.

Subrayó que ante la inminente declaratoria de una segunda Alerta de Género en Veracruz, activistas y defensoras de los derechos humanos realizaron acciones para exigir que las autoridades garanticen sus derechos sexuales y reproductivos.

Puntualizó que estas acciones han traído como consecuencia la muerte de mujeres, pues nadie ha tenido la «amabilidad» de revisar cuántas niñas violadas, de entre 10 y 14 años, han sido obligadas a ser madres.

«Hay un contexto muy grave, porque Veracruz no quiere acatar las recomendaciones, la autoridad no entendió las consecuencias que trae el desacato a unas recomendaciones por una vida libre de violencia, nosotros traemos la evidencia, donde los tres poderes firmaban y aceptaban las recomendaciones y que las acciones iban a ser basados bajo la reforma a los derechos humanos».

Dijo que tendrán que obligar a las autoridades a que garanticen los derechos de la salud reproductiva de las mujeres en Veracruz, «tendremos que hacer como hicimos en el Estado de México, Chiapas y Nuevo León, obligarlos a que cumplan con su obligación de garantizar la salud reproductiva».

Lamentó que los tres poderes firmaran las recomendaciones sólo para burlarse de las mujeres, pero en los hechos hicieron dilación y sólo pusieron mesas de trabajo para simular que sí cumplían, afortunadamente existen los medios jurídicos para pelear para que se cumplan las recomendaciones.