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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de julio de 2016.- Prácticamente las cinco facciones parlamentarias en el Senado de la República que analizan el veto presidencial a la Ley de Responsabilidades Administrativas “coinciden con el Ejecutivo” en el sentido de incluir “la obligación de que particulares presenten declaraciones patrimoniales”, según circularon en un dictamen previo.
“Constituir una intromisión en su esfera jurídica, particularmente en su privacidad y podría afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal”, señalan en el documento.
Los integrantes de las comisiones advierten como pertinente observar, “ya que no debe introducirse de manera arbitraria normas que equiparen a los particulares con los servidores públicos ni lesionar sus derechos humanos.
Reconocen la obligación de presentar una declaración patrimonial y de interés, alcances que referidos en el artículo 32 de dicha ley, y “a establecer una carga a los particulares sin distinguir la situación específica en la que se encuentran frente al Estado por lo que la constreñir con las mismas obligaciones a sujetos que se encuentran en circunstancias distintas, vulnera el principio de igualdad.
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