Concierto de Gala de Orquesta Sinfónica de Xalapa en Poza Rica
XALAPA, Ver., 21 de junio de 2018.- La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) aplicó una medida cautelar en contra del diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Francisco Martínez Martínez, por declaraciones misóginas.
Los consejeros declararon procedente la solicitud promovida de manera oficiosa por la Secretaría Ejecutiva del ente comicial en contra de legislador y aspirante a la reelección por la coalición Por un Veracruz Mejor, integrada por los partidos Verde Ecologista y Revolucionario Institucional (PRI).
En la medida cautelar aplicada se exhorta a estos institutos políticos coligados a que se manejen con responsabilidad en la vigilancia del actuar de sus candidatos y afiliados, para que se abstengan de realizar actos y omisiones, particularmente manifestaciones que alienten al rechazo, restricción o exclusión de los derechos humanos de las mujeres o que inciten a la violencia en cualquiera de sus tipos o modalidades que atenten contra la libertad, dignidad e integridad de las personas.
Cabe recordar que Martínez Martínez declaró el pasado 1 de junio, en un evento público proselitista en Tantoyuca, que un machete “sirve para darle de planazos a las mujeres que se portan mal”.
Ante ello, Florentina Cabrera Prieto, representante propietaria del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Consejo Distrital de Tantoyuca, presentó una queja por la supuesta comisión de violencia de género.
Por ello se determinó dar vista con copia certificada del acuerdo a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos.
También a la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas en el Estado de Veracruz; al titular del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para que en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo que corresponda.