Apiver asumirá responsabilidades, sin evadir como se hacía antes

BOCA DEL RÍO, Ver., 30 de septiembre de 202.- La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), representada por Sergio Rodríguez Cortés y personal del área jurídica y administrativa de la dependencia, se reunió con el director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, almirante Romel Eduardo Ledezma Abaroa, y el gerente jurídico de la entidad, Enrique Delgado Carreras, en las instalaciones de Apiver.

En la reunión, la PMA recibió un reconocimiento por parte de Apiver por el excelente trabajo que se realiza a favor del medio ambiente y se les expuso las 23 órdenes de inspección que tiene Apiver y las empresas que trabajan dentro del puerto, destacando que nueve de ellas están en focos rojos porque no cuentan con los permisos pertinentes; incluso algunos lo solicitaron recientemente a la Secretaría del Medio Ambiente, evidenciando la falta de compromiso en materia medioambiental en Veracruz.

El almirante Romel Ledezma dejó muy en claro que a partir de su llegada “las cosas van a cambiar y que Apiver asumirá su responsabilidad, sin evadir como se hacía en administraciones pasadas”.

Fue rotundo en decir que Apiver solamente administra el puerto, y cada una de las cesionarias tendrá que responder a los expedientes abiertos a partir del mes de agosto a la fecha.

También se aclaró que hay integradas en el expediente las documentales suficientes y necesarias para instaurar el procedimiento administrativo, dejando en claro la corresponsabilidad de estas empresas, ya que nunca han contado con un sitio de disposición final adecuado como lo marca la Ley de Puertos y utilizaron de manera cómoda un tiradero a cielo abierto autorizado de manera ilegal con el Ayuntamiento de Veracruz.

Sin embargo, la PMA puntualizó que, de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y al artículo 43 de la Ley 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, las personas físicas o morales son responsables del confinamiento adecuado de sus residuos, ya sea premeditada o accidentalmente, por lo cual serán sancionados e incluso podrán ser clausurados si no responden a la autoridad.