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XALAPA, Ver., 17 de julio de 2017.- Por unanimidad de votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó iniciar un procedimiento oficioso para analizar si es que los partidos políticos y candidatos independientes en Veracruz erogaron recursos para el pago de sus representantes ante las mesas directivas de casillas.
Lo anterior porque omitieron reportarlo a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), en el plazo correspondiente para ello, fue así que al avalar el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Presidentes Municipales, llegaron a tal determinación.
La ley los obligaba a cargar al sistema de fiscalización el formato en el que rechazaban haber pagado ante los centros de votación, pero ninguno lo hizo, por lo que el INE no pudo concluir si hicieron dicha erogación, dándoles ahora un plazo de 24 horas, contados a partir de que les notifiquen la decisión, para que entreguen la documentación respectiva.
En tanto el procedimiento oficioso será coordinado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE y participarán las Unidades Técnicas de Fiscalización y Oficialía Electoral y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE), al ser las que están relacionadas con la auditoría.
Por su parte, el representante panista pidió que se incluyera en el procedimiento que ellos ya habían entregado más de 20 mil formatos donde se certificaba que no habían pagado a sus representantes.
Al dictamen consolidado también le incluyeron los engroses y las fe de erratas que les fueron circuladas desde el pasado viernes y se excluyeron los impactos que tendrían las quejas que se presentaron sobre los ingresos y gastos de las campañas tanto de candidatos partidistas como independientes.
El acuerdo tomado este lunes será notificado al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y a las Salas Regional Xalapa y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes en su momento deberán resolver las impugnaciones en las que se acusa a diferentes alcaldes electos y contendientes perdedores de un presunto rebase en los topes de gastos de campaña.