Ángel Rafael Martínez/30 años de la beatificación de Rafael Guízar
XALAPA, Ver., 6 de septiembre de 2017.- El consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinó imponer una amonestación pública al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM) por haber otorgado su apoyo al entonces candidato a la diputación local por Córdoba, hoy legislador por ese distrito, Juan Manuel del Castillo González.
El pleno resolvió el Procedimiento Ordinario Sancionador (POS) presentado el año pasado por Agustín Basilio de la Vega, ex representante suplente del Partido Acción Nacional (PAN), en el que denunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a Castillo González por hechos que consideraba podrían constituir el probable rebase a los topes de gastos de campaña, en el marco del proceso electoral 2015-2016.
Por unanimidad los consejeros concluyeron como fundado el procedimiento sancionador ordinario contra la persona moral denominada Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana “STIASRM”, por haber desplegado una lona en un evento en la que se observaba el apoyo a Juan Manuel del Castillo.
A pesar de ello, el Consejo General resolvió absolver al exnominado priista de recibir aportaciones de entes prohibidos dentro de una campaña política, pues eñalan que de acuerdo a la investigación hecha por el INE, no se acreditó que hubiera tenido conocimiento de las aportaciones en especie del Sindicato.
En otro asunto, el OPLE determinó que son infundadas las conductas atribuidas al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador; al exgobernador Javier Duarte de Ochoa y a Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad; Erick Alejandro Lagos Hernández, exsecretario de Gobierno; Marlon Ramírez Marín, exsubsecretario de Gobierno; Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal General del Estado.
Mauricio Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas y Planeación y excontralor General del Estado; Anilú Ingram Vallines, actual delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal y Francisco Antonio Valencia García, extitular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), por el supuesto financiamiento indebido a este partido, así como el indebido uso de recursos públicos por parte del Gobierno de Veracruz.
Cabe mencionar que la queja interpuesta ante la autoridad comicial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra de ellos, parte de la denuncia que hizo el pasado 24 de febrero el actual mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, en la entrevista concedida a Radio fórmula.
El PRD alegó que el exgobernador les entregaría mensualmente la cantidad de 2 millones 500 mil pesos para que no obstruyeran las válvulas de la presa Yuribia, y con ello impedir el desabastecimiento de agua a los habitantes de Coatzacoalcos.
La CAEV informó que dicho convenio no obra en sus archivos, “de tal manera que esos indicios, al no estar respaldados con otro u otros elementos de prueba, no genera convicción en esta autoridad electoral respecto del indebido financiamiento y del indebido uso de recursos públicos”.
Por lo que de las pruebas aportadas por el quejoso no se tiene evidencia que permita esclarecer que la supuesta celebración del convenio referido por el promovente, efectivamente se realizó por las partes señaladas.