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XALAPA, Ver., 31 de mayo de 2018.- La iglesia amenaza con el voto de castigo si el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial atienden las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en materia de la segunda Alerta de Género por agravio comparado.
La coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional, Patricia Socorro Bedolla, expuso que con esta situación se lastiman los derechos humanos y reproductivos de las mujeres veracruzanas, dejándolas desprotegidas, cuando hoy a las adolescentes y niñas las dejan destrozar sus vidas y cuerpos y que mueran.
“Están atrapados en las amenazas de la iglesia, en las amenazas de los grupos de derecha, en donde les dicen que emitirán el voto de castigo a todos aquellos partidos políticos que hablen de estos temas, que no protejan la vida desde el momento mismo de la concepción y entonces tenemos a un grupo de políticos que se intimidan ante las iglesias y ante las derechas.”
En este sentido, apuntó que son tres los mitos o excusas que las autoridades de Veracruz ponen para no cumplir con las recomendaciones hechas por la segunda Alerta de Género: el primer mito jurídico es que se debe esperar que termine la acción de inconstitucionalidad que se interpuso el año pasado en relación a la reforma al Artículo Cuarto constitucional.
El segundo mito es que la iglesia también tiene derechos, a pesar de que México es un país laico “tienen derecho a creer en lo que creen, son respetados totalmente y si creen que la ILE es un pecado, que pone a su alma inmortal ante el infierno, tienen derecho a creerlo, pero hay una gran parte de la sociedad que no cree y tiene derecho a decidir”.
Por último, el tercer mito para no acatar las recomendaciones es que Veracruz es soberano y no hay nada sobre esta soberanía, “Veracruz no es una república aparte, es una entidad federativa que forma parte del pacto federal y debe ceñirse a la Constitución Política, no se lesiona la soberanía, la Convención Americana de los Derechos Humanos dice que los estados federados deberán tomar la medida necesarias para que las entidades federativas cumplan con los tratados internacionales y convenciones que han firmado los estados nacionales”.
Finalmente, lamentó que las autoridades ahora argumenten que las organizaciones peticionarias de la segunda Alerta de Género no tienen derechos a tener voz dentro de las gestiones y la implementación de la alerta.