Alcaldesa de Alvarado enfrenta denuncias por presunto desvío y amenazas

ALVARADO, Ver., 26 de mayo de 2025.- La presidenta municipal de Alvarado, Lizzette Álvarez Vera, se encuentra en el ojo del huracán y a un paso de enfrentar la justicia penal, luego de que se presentara una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, donde se le acusa de una serie de delitos que incluyen abuso de autoridad, desvío de recursos públicos, amenazas de muerte y coacción del voto, todo en el marco del actual proceso electoral.

La denuncia, sustentada con documentos oficiales y testimonios, revela que empleados municipales, policías locales y hasta vehículos oficiales del ayuntamiento han sido utilizados con fines electorales para beneficiar al candidato del Partido Verde Ecologista de México, Alberto Ángel Cobos Márquez, quien también ha sido señalado en la querella.

El caso más alarmante ocurrió la noche del 25 de mayo, cuando Carlos Ibrahim Almeida Domínguez, identificado como jardinero adscrito al ayuntamiento, irrumpió de forma hostil en actividades del equipo de campaña de Polo Deschamps, amenazando de muerte a sus integrantes y advirtiendo que actuaba por órdenes directas de la alcaldesa. Lo hizo además acompañado por elementos de Seguridad Pública y con respaldo del delegado municipal, en un evidente acto de intimidación y abuso de poder.

Además, se aportaron pruebas documentales como una credencial oficial expedida para el ejercicio fiscal 2026, lo que demostraría que la alcaldesa estaría premiando con recursos públicos a operadores políticos, confirmando el uso faccioso de la nómina municipal.

Los hechos no solo representan una flagrante violación al Estado de Derecho, sino también delitos graves en materia electoral, penal y constitucional, al utilizar personal, recursos materiales y logísticos del ayuntamiento para amedrentar a la oposición e incidir en la elección.

De acuerdo con la denuncia, se solicitó a la Fiscalía dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al OPLE Veracruz y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por lo que la red de corrupción y violencia que opera desde el palacio municipal podría colapsar en las próximas horas.

Fuentes cercanas al caso advierten que Lizzette Álvarez Vera podría ser vinculada a proceso penal, perder el fuero y enfrentar la cárcel, al acumular evidencias que la involucran como operadora financiera, protectora de redes clientelares y facilitadora de amenazas contra adversarios políticos.