Al pie de la letra/Raymundo Jiménez

* GOBIERNO DE SOSPECHOSOS

Una vez más, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares volvió a negar que tenga o vaya a hacer acuerdos con el crimen organizado. “A mí no me eligieron para pactar con la delincuencia organizada, me eligieron para dar paz y tranquilidad a los ocho millones de veracruzanos”, reiteró este domingo el mandatario estatal en conferencia de prensa.

Sin embargo, Yunes Linares parece olvidar que hasta el momento lo persigue la sospecha de la primera fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en enero de 2001, quien presuntamente salió por el acceso principal del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

Yunes siempre se ha justificado argumentando que cuando el capo del cártel de Sinaloa huyó él ya no era el director de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. Y es cierto, pero en su lugar dejó recomendado a su incondicional Enrique Pérez Rodríguez, actual secretario de Educación de Veracruz, a quien casualmente se le escapó “El Chapo” unas semanas después de haber sustituido a su actual jefe en dicho cargo.

Precisamente hace casi un mes, en la colonia Anzures de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, fue detenido por las fuerzas federales Dámaso López Núñez, (a) “El Licenciado”, mano derecha del capo del cártel de Sinaloa. Días antes, en su edición número 180, la revista digital Gatopardo había publicado un reportaje de la periodista Anabel Hernández titulado “¿Quiénes son los herederos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo?”, en el que se detallaba por qué Dámaso era considerado el heredero de su imperio.

“Su experiencia, visión y hasta su comportamiento lo encaminaron de forma orgánica a ocupar un lugar aparentemente predestinado a los hijos de Guzmán Loera”, resume el artículo, el cual refiere que en 1993 “El Chapo” fue capturado e ingresado a la cárcel de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México, pero que casi tres años después y por una maniobra de sus abogados, fue transferido al Penal de Puente Grande, a las afueras de Guadalajara, ciudad donde vivía su familia.

“Durante esos años, el panorama para el líder del Cártel de Sinaloa era desolador, e incluso intentó lograr un acuerdo con agentes de la DEA. No había nada que ‘El Chapo’ odiara más que la cárcel. Su suerte cambiaría en febrero de 1999, cuando Dámaso López Núñez –apodado ‘El licenciado’–, un ex comandante de la policía judicial de Sinaloa, se convirtió en el subdirector del penal”, se consigna en el reportaje, en el que además se alude que “con los directores del penal como cómplices” –Leonardo Beltrán Santana y Mario Marín, actual director del IPAX con Yunes Linares–, “López Núñez se encargó de cumplir los deseos de ‘El Chapo’, ayudados por un grupo de comandantes y custodios llamados los Sinaloas”.

Según el texto de Gatopardo, los deseos de “El Chapo” eran pagados con dinero enviado por su primo, el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, que se repartía entre personal del penal y algunos prisioneros, pero “cuando el dinero no era suficiente para corromper a algún involucrado, López Núñez recurría a los Sinaloas para infundir terror.”

Dámaso López renunció a su cargo en el penal a finales de octubre del 2000, pero siguió visitando al capo en Puente Grande. Coincidentemente la última de sus visitas fue diez días antes de su fuga.

La semana pasada, otro de los hombres más cercanos a Yunes, Jaime Téllez Marie, secretario de Seguridad Pública, fue acusado de tener acuerdos con Los Zetas. Los señalamientos por escrito los dejaron sicarios de otro grupo criminal entre los cuerpos descuartizados que arrojaron en varias ciudades de la entidad.

Pero Yunes respondió que “sería una falta de respeto al secretario de Seguridad Pública decirle que desconfío de él porque lo acusaron delincuentes de estar vinculado con un grupo delictivo”.

Ayer domingo igualmente reiteró que tampoco va a pactar con la delincuencia. “Quienes plantean como solución, si se le pudiera llamar así, que hagamos un pacto con la delincuencia, lo que en el fondo proponen es que dejemos la vida y los bienes de más de ocho millones de personas en manos de delincuentes, que dejemos a Veracruz en manos de quienes han promovido la violencia, en manos de quienes han generado una situación de percepción tremenda de inseguridad, que hoy se tenga como prioridad el resolver este problema de inseguridad y el vivir tranquilos”, declaró Yunes este domingo en conferencia de prensa.

Sin embargo, su partido, el PAN, en el reciente proceso electoral postuló a una de las alcaldías a un hermano de un par de narcotraficantes vinculados al “Chapo” Guzmán, uno de los cuales fue detenido en 2012 en el Estado de México y otro en 2014 en Guatemala.

¿Acaso Yunes desconocía sus nombres? Pronto se los van a recordar.

VÍCTIMAS DISCRIMINADAS

Por cierto, luego de haber anunciado una recompensa económica para quienes aporten datos sobre los sicarios que este sábado acribillaron en un restaurante de Cardel al comisionado estatal y a otros dos agentes de la Policía Federal, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue cuestionado en las redes sociales, por lo que de inmediato reaccionó e informó que también se ofrecerá un millón de pesos por cada uno de los asesinos de la familia de Coatzacoalcos.

“Insisto, este tema es de la mayor prioridad. Se ha designado un Fiscal Especial que estará en Coatzacoalcos especialmente atendiendo este asunto.

“Reitero, ofrecemos un millón de pesos a quienes aporten información que permita detener a las personas que ejecutaron a los niños y a sus padres en Coatzacoalcos, o quien nos proporcione fotografías de los sicarios”.

¿A poco hay víctimas de primera y de segunda categoría? ¿Por qué en un caso se ofrece recompensa y en otro hasta se crea una Fiscalía Especial? ¿Y a los otros cientos de veracruzanos que han sido ejecutados y desaparecidos, hasta cuándo les van a hacer justicia?