Al pie de la letra/Raymundo Jiménez

* EL OTRO ‘PACTO’ DE YUNES

Comentábamos ayer aquí, que resultaba sospechoso el silencio del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ante la cuestionada acción de la PGR, que únicamente solicitó la aprehensión del prófugo exmandatario Javier Duarte de Ochoa pero no la de su esposa Karime Macías, pese a que el 20 de febrero pasado Yunes y el fiscal general del estado, Jorge Winckler, le dieron gran difusión mediática al hallazgo de una bodega en Córdoba donde fueron encontrados documentos personales en los que la señora Macías de Duarte habría registrado la red de corrupción en torno a su marido.

Como en esa ocasión, hace ya dos meses, Yunes anunció que todo lo hallado sería puesto a disposición de la PGR, preguntábamos por qué, entonces, no había exigido también la detención de la esposa de Duarte en Guatemala. Y referíamos que resultaba sospechoso su silencio, ya que una semana antes, al ser cuestionado por la resolución del juez que ordenó que el exgobernador interino Flavino Ríos continúe su proceso bajo arresto domiciliario, el panista había respondido visiblemente molesto que “yo no hago pactos, yo no pacto la ley, soy un hombre recto y he actuado con toda rectitud, hace 132 días soy gobernador del estado y no hay quien pueda señalar que yo hago pacto con delincuentes”.

Pero, aunque lo niegue, Yunes sí ha hecho pactos. Uno de los más recientes que le generó un gran desgaste político fue el que hizo con el excontralor duartista Ricardo García Guzmán, a quien pretendía impulsar a la alcaldía de Pánuco por el PAN no obstante que en su campaña electoral lo acusó de ser “tapadera de Duarte” y hasta amenazó con encarcelarlo.

No ha sido el único caso. En su toma de posesión como gobernador, en diciembre pasado, Yunes presumió ante los 50 diputados locales y cientos de invitados especiales –entre ellos el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, principal promotor del sistema nacional anticorrupción– que, sin ostentar ningún cargo o autoridad había iniciado, con sus propios recursos, una investigación contra “la banda” que comandaba Duarte de Ochoa.

Yunes reveló que entre los cómplices del exgobernador “interrogó” al empresario Moisés Mansur Cysneiros, quien había nombrado heredero a Duarte en su testamento y que en una grabación reveló que pagaba las tarjetas y gastos de Karime Macías. También se ufanó de cómo dobló a José Juan Janeiro Rodríguez, el responsable del diseño de las estructuras financieras para lavar el dinero. “Me relató cómo le hacían para meter al sistema financiero cientos de millones de pesos cada mes. (…) Me pidió piedad porque debía llevar a Houston

a su hijo enfermo”, refirió Yunes del abogado fiscalista, quien actualmente se encuentra libre en España luego de negociar su colaboración con la PGR para que le retiraran la orden de aprehensión que pesaba en su contra.

Janeiro, “uno de los cerebros financieros de la banda, me dio información y entregó bienes”, reveló Yunes sin dar detalles.

Así, pese a no ser aún gobernador en funciones ni fiscal, Yunes se jactó de haber logrado diversos acuerdos legales reparatorios con empresarios beneficiados por actos de corrupción. “Lo hice siendo gobernador electo, sin tener poder alguno, sin la fuerza del Estado, y sin comprometerme a nada”, afirmó, asegurando que seguiría “aportando a las autoridades toda la información que tengo en mi poder”.

Sin embargo, acotó: “Nos reservaremos una, sólo un tema para investigar el destino final de miles de millones de pesos que se trasladaban en helicópteros oficiales para ser entregados en un edificio de la zona conurbada de la Ciudad de México”.

Se presume que esa información que se guardó fue su seguro de vida, el que le permitió asumir finalmente la gubernatura, pues a mediados de octubre de 2016 corrió fuerte la versión de que su elección podía ser anulada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que le hizo salir a declarar que él no sería “moneda de cambio”, ello ante el rumor de que el entonces gobernador Javier Duarte estaba ejerciendo presión luego de que en la Secretaría de Gobernación le plantearon separarse anticipadamente del cargo.

¿No que Yunes no hacía pactos al margen de la ley? ¿No va a denunciar a los miembros de esa otra banda que recibieron miles de millones de pesos que pertenecen a los veracruzanos y que eran trasladados en aeronaves oficiales hasta la capital del país?

ARREMETEN CONTRA MORENA

Por cierto, en lugar de solicitar que se investigue este millonario desvío –sobre el que el gobernador Miguel Ángel Yunes afirmó tener la información encriptada–, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhortó tanto a la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal como a la Auditoría Superior de la Federación para que en uso de sus facultades, atribuciones y competencias realicen una investigación minuciosa sobre la posible desviación de recursos federales al partido MORENA en Veracruz por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

¿Acaso serán tan ilusos de creer que si Duarte apoyó financieramente al partido de Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario expriista iba a dejar documentado los recursos que supuestamente les habría entregado?

La solicitud de la fracción blanquiazul se basa en la investigación que se llevó a cabo sobre los bienes asegurados en una bodega de Córdoba pertenecientes a la familia Duarte Macías, refiriendo que Yunes señaló que existen elementos para asegurar que Gabriel Deantes, testaferro de Duarte, daba recursos al partido lopezobradorista. También retomaron la versión del gobernador de que militantes de MORENA amagaban con dejar sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos cerrando las válvulas de la presa Yuribia, si no les entregaban un monto de 2.5 millones de pesos mensuales.

En el fondo, lo que parece preocupar a Yunes y al PAN es el posicionamiento de MORENA en la entidad, que sigue creciendo en las preferencias electorales pese a que desde hace seis meses Duarte ya no gobierna Veracruz ni recibe el financiamiento que los panistas presuponen les entregaba el gobierno estatal.