Al pie de la letra/Raymundo Jiménez

* ‘GUERRA’… ¿SÓLO ENTRE CRIMINALES?

A diferencia de la semana pasada, en la que políticamente anduvo muy activo grabando videos y retando a debatir al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, este martes el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sólo expresó un hosco “gracias” cuando reporteros de la ciudad de Córdoba le preguntaron sobre los secuestros reportados ese mismo día de un médico en Poza Rica y de la madre de una regidora de Minatitlán, de la ejecución de otra persona en Álamo-Temapache, de la balacera en un fraccionamiento del puerto de Veracruz y de la apremiante demanda de seguridad que han hecho ciudadanos de Vega de Alatorre y de otros municipios más del norte, centro y sur de la entidad.

El “experto” en seguridad pública –área que manejó en Veracruz de 1992 a 1997 cuando se desempeñó como secretario de Gobierno, y luego en el ámbito federal, donde entre enero de 2005 y noviembre de 2006 ocupó la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública– no ha podido hasta ahora contener la escalada de violencia, la cual se disparó en el estado a principios de este año, pese a que una de sus promesas de campaña fue reducirla en los primeros seis meses de su corta administración, tal como lo aseguró en abril de 2016 en el puerto de Coatzacoalcos, una de las regiones más asoladas por la criminalidad.

La noche de este martes –unas horas después de que Yunes Linares recibiera en Córdoba el espaldarazo del gobierno federal a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien anunció el total apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Gendarmería Nacional para combatir al crimen–, en el municipio de Boca del Río, donde gobierna su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, que aspira a sucederlo en la gubernatura en 2018, aparecieron 11 cadáveres que fueron transportados en una camioneta Nissan, tipo Urvan, en cuyo parabrisas fueron colocadas dos cartulinas con un par de mensajes que textualmente advertían: “Desde este momento empieza la guerra, guerra quieren guerra tendrán, quieren tener todo el poder para meter a su jente (sic) pero aki (sic) nos morimos todos”.

La mañana de este miércoles, entrevistado durante el banderazo de salida a los elementos de la Gendarmería que resguardarán Xalapa, Yunes afirmó que esa advertencia no era una declaración de guerra contra el Estado sino entre grupos de la delincuencia organizada.

Sin embargo, la madrugada de este martes, en el fraccionamiento Villa Rica, en la zona norte del puerto de Veracruz, se suscitó una agresión armada de presuntos delincuentes contra elementos de la Marina, la cual detonó una balacera que duró ¡dos horas! y que ocasionó severos daños a las fachadas de las viviendas aledañas, poniendo en grave riesgo la integridad física de los vecinos. El saldo oficial fue de dos “presuntos imputados” muertos y un elemento naval herido.

No obstante, según un comunicado emitido por la Primera Región Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México, sus elementos desarrollaron “sus operaciones siempre en apego a los procedimientos establecidos en el Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas y en estricto respeto a los derechos humanos, con el fin de brindar seguridad a las familias mexicanas”. La institución castrense afirmó que “la acción se repelió en legítima defensa y en apego a derecho, cuidando en todo momento no poner en riesgo la integridad de los habitantes del fraccionamiento ni la del personal que participó en este hecho.”

Pero las imágenes que han sido difundidas en algunos noticieros de televisión y a través de videos que circulan en las redes sociales, discrepan mucho de esta versión oficial. De hecho, no es la primera vez que la actuación de los elementos de la Marina Armada de México es puesta en entredicho por sus excesos, lo que ha frenado en el Congreso de la Unión la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Interior.

Casualmente ayer, el diario Reforma publicó el caso de unos marinos acusados de ejecutar a dos civiles y desaparecer a tres más en el puerto de Veracruz, en enero pasado. El expediente fue presentado por las organizaciones Ideas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual ya emitió una petición de acción urgente al Estado mexicano, en la que pide realizar todas las medidas necesarias para localizar a las víctimas y dicta medidas cautelares para sus parientes.

Según la versión periodística, el caso comenzó cuando la familia Ramírez Bravo y algunos amigos, originarios de Huajuapan de León, Oaxaca, decidieron pasar el año nuevo en la ciudad de Veracruz, a la que llegaron el 30 de diciembre. En total fueron 20 personas. Una parte viajó en dos camionetas, la otra los alcanzó en el puerto. Tenían la intención de regresar a Huajuapan el 5 de enero, pero se intensificaron las protestas por el gasolinazo.

En la Fiscalía de Veracruz presentaron denuncias por homicidio y por la desaparición, a pesar de que –acusaron– el Ministerio Público se negó en un inicio. Acompañados de un abogado acudieron a “El Penalito”, donde un marino les habría confirmado que los jóvenes estaban ahí recluidos. En el expediente del caso se consigna que el mando de la Marina les dio nombres distintos en diferentes momentos del uniformado que los recibió en ese centro de detención, y que la camioneta Escalade blanca apareció posteriormente en un corralón también a cargo de la Marina, a pesar de que días antes buscaron ahí mismo y lo habían negado. El vehículo fue sometido a peritajes, pero sospechosamente no hallaron huellas.

NICHO: DEBUT Y DESPEDIDA

El ex diputado federal y ex senador Dionisio Pérez Jácome dejó la delegación federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, cargo que acababa de asumir hace tres meses, aproximadamente.

En su lugar quedó provisionalmente como encargado de despacho Asunción González Montiel, quien se venía desempeñando como subdelegado de la STPS en el puerto de Veracruz.

Pérez Jácome salió tras el escándalo mediático que hace un par de semanas estalló en la empresa TAMSA con motivo del conflicto sindical entre los grupos de Pascual Lagunes Ochoa, dirigente reconocido legalmente por los representantes patronales, y el de José Carlos Guevara Moreno, quien pese a que fue despedido justificadamente por dicha compañía en 2013 por participar en hechos violentos dentro de las instalaciones y sobre quien pesa una denuncia penal, el 30 de enero pasado le fue expedido por la STPS un oficio de “toma de nota” en el que se le reconoce como secretario general del sindicato, no obstante que en la asamblea realizada el 1 de octubre de 2016 no presentó una planilla alternativa.

Según trascendió, el político coatepecano también estaba molesto porque en las oficinas centrales ni siquiera le habían autorizado los sueldos decorosos para su secretaria y chofer.