Acusan de tortuguismo a Junta Especial de Conciliación, sede Poza Rica 

POZA RICA, Ver., 10 de julio de 2022.- La Junta Especial de Conciliación número 44 con sede en Poza Rica, presidida por Daniel Gómez Hernández, incurre en tortuguismo y retraso en la resolución de juicios de declaración de beneficiarios posmorten, que son reclamados por familiares de trabajadores ya sea jubilados o activos, fallecidos, y quienes debido a este trato inhumano no pueden recibir los beneficios económicos a que tienen derecho y que están debidamente contemplados en la ley, por lo que llegan a transcurrir hasta más de dos años en espera de que la prestación que les dejaron los trabajadores pueda servir de sustento para sus familias.

“Imagínate que estuviéramos hablando de una esposa que quedó viuda y que quedó con dos hijos, entonces acude ante la junta porque Pemex no le quiere pagar la pensión de posmorten y que te retrase dos años o tres años una resolución para poder cobrar ante Pemex esa pensión que por derecho les corresponde, todo por tortuguismo y por una mala apreciación de la justicia por parte del presidente Daniel Gómez Hernández”, dijo el abogado Luis Gerardo Badillo Martínez, representante legal de familiares que reclaman no sólo contra Pemex, sino a otras empresas productoras del estado y aquellas relacionadas con concesiones federales.

El abogado afirma no compartir la forma en cómo se están llevando estos procesos en la Junta Especial de Conciliación número 44, pues se trata de expedientes a los que se les debe de dar trato especial, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo, para que su trato sea simplificado y no tedioso, sin embargo en la instancia retrasan la solución de los casos en más de 24 meses, por lo que son las familias de los fallecidos quienes pagan las consecuencias.

Con expediente en mano explica la experiencia de un caso, cuya última audiencia de desahogo de pruebas para constatar que nadie más reclamaba la prestación posmorten, celebrada el 10 de enero del presente año, y en donde se establece que “toda vez que en el presente expediente no existen pruebas pendientes que desahogar, se concluye” que es hasta el día de hoy, es decir, más de seis meses, en que no ha emitido la resolución correspondiente, mientras que los afectados siguen en espera de que la justicia llegue.

Agregó que las audiencias para el desahogo de los casos llegan a transcurrir de entre 4 hasta 6 meses, de tiempo entre una y otra, por lo que “invitamos al presidente de la Junta, Daniel Gómez Hernández, a que reflexione, que tome cartas en el asunto, que a estos juicios les dé prioridad porque está dejando serias y severas afectaciones a muchas familias que requieren de ese pago pronto y expedito para poder subsistir. Muchos de los clientes nos dicen, sabes qué, tengo que llegar a préstamos con familiares y amigos para poder subsistir”.

Dijo que entre las excusas expresadas para justificar los retrasos se encuentra la pandemia, “pero no se ponen en los zapatos de quienes están sufriendo este problema, pues ellos, aunque haya pandemia, comen todos los días, tienen todos los días necesidad de gastar”.