Acusa Patrimonio del Estado a Buganza de asignar predios irregulares

XALAPA, Ver., 28 de noviembre de 2016.- El director de Patrimonio del Estado, Luis Bustos García, reveló irregularidades en decenas de asignaciones de terrenos a organizaciones sociales de Veracruz, donde el exsecretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, firmaba acuerdos con costos superiores al avalúo oficial, beneficiando ilegalmente a sus líderes.

Expuso el caso de un predio en Xalapa que invadió la organización Progresa México para construir una escuela, del que ya se pagó una parte, y según el avalúo, sólo restarían 300 mil pesos por cubrir; sin embargo, el propietario y la organización exigen 2 millones 700 mil pesos para concluir el pago, pues así se firmó el acuerdo.

De lo anterior resulta una diferencia de 2 millones 400 mil pesos, lo que se habría autorizado de manera ilegal por parte del hoy diputado local, Gerardo Buganza Salmerón, «ya se le pagó 5 millones 300 mil, lo único que se les debería serían 300, pero ni el dueño ni la organización aceptan».

«No podemos darle para adelante al expediente porque hay una gran diferencia entre el costo que acordaron en la Secretaría de Gobierno, cuando estaba el ingeniero Buganza, de pagar el predio y lo que manda el avalúo, hay una diferencia que nosotros no podemos cubrir de acuerdo con el Código Financiero«.

El funcionario estatal reveló que son muchos los expedientes en un estado similar, por lo que se esperarían más manifestaciones de organizaciones sociales, porque no van a escriturar predios que hayan sido acordados de manera irregular, ya que caerían en responsabilidades legales al respecto.

«Los responsables son en la época del ingeniero Buganza en la Secretaría de Gobierno, él y sus asesores. Yo tengo siete meses en Patrimonio del Estado, hicimos una revisión exhaustiva de todos los expedientes y hemos podido encontrar que de 75 expedientes, la inmensa mayoría están mal«.

Finalmente, Bustos García apuntó que la ilegalidad ya ha sido reportada ante la Procuraduría Fiscal, la Contraloría General del Estado (CGE) y al equipo de transición, de modo que se deslinden responsabilidades y se proceda por la vía legal, según corresponda, pues ello podría derivar en la comisión de delitos.