Actual administración estatal debe saldar deuda con UV: Yunes Linares

XALAPA, Ver., 28 de junio de 2016.- Tendrá que ser la actual administración estatal la que salde la deuda por más de mil millones de pesos que tiene con la Universidad Veracruzana (UV), indicó el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.

En conferencia de prensa, luego de su reunión con las autoridades de la UV, fue enfático en señalar que no hay posibilidad de que la próxima administración estatal adquiera la deuda, pues incluso la UV ya presentó las denuncias correspondientes, por lo que se tienen que hacer cargo de ello.

«Son casi mil millones de pesos los que se adeudan y definitivamente el gobierno estatal lo tiene que pagar porque es una responsabilidad de este gobierno y no hay de otra. No perdamos de vista que la UV presentó denuncias penales por retención indebida de recursos federales y estatales».

En este mismo sentido, informó que este martes presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por la no integración de la carpeta de averiguación relativa a los recursos indebidamente retenidos a la UV.

Sobre la propuesta de autonomía financiera del 4 por ciento que aprobaron los diputados locales en una primera vuelta, Yunes Linares dijo no estar en contra de brindar mayores recursos a la UV, sin embargo, la iniciativa viola la Ley de Disciplina Financiera, además de que carece de sustento legal.

«Se ha presentado una iniciativa engañosa, una iniciativa que no tiene apoyo constitucional ni legal y para la cual no se ha hecho ninguna previsión de carácter presupuestal, quieren pagarle a la UV lo que deben con una esperanza de futuro. Vamos a apoyar a la Universidad con recursos financieros, pues la iniciativa violenta la norma de responsabilidad hacendaria y financiera de los gobiernos locales».

Asimismo, durante la reunión con la rectora Sara Ladrón de Guevara, comentó que se propuso suscribir un convenio de colaboración donde se le pagarán honorarios a la UV por la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo, un análisis de la estructura administrativa del gobierno para llevar a cabo un proceso de reingeniería administrativa y liberar recursos, y por último, que la institución realice la fiscalización y auditoría del nuevo gobierno y el saliente.