Abogados denuncian irregularidades de Cartel Inmobiliario de Xalapa

VERACRUZ, Ver., 27 de enero de 2026.- Los integrantes del Corporativo de Abogados 2023, Jorge Reyes Peralta y Jorge Reyes Leo, realizaron una vez más señalamientos en contra del llamado Cartel Inmobiliario que opera sin ninguna restricción en Xalapa, y sin que haya alguna respuesta de parte de las autoridades judiciales, a pesar de las diversas denuncias penales existentes.

En conferencia de prensa, abordaron el caso de Carlos Martínez Gamas, apoderado legal de una empresa propietaria de un terreno de 12 hectáreas ubicado en las cercanías del Arco Sur, en Xalapa, y con valor de 200 millones.

Acusaron que con irregularidades cometidas por el Notario Público número 11 de Xalapa, Miguel Ángel Díaz Pedroza, y Miguel Ángel Rodríguez Domínguez, adscrito a la Notaria número 11, así como Débora Estrada, encargada del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Xalapa, se lo acreditaron a Martha Leticia Toral Zayas, invasora.

Explicó Reyes Peralta que los notarios ya mencionados, con apoyo de jueces y otras instancias gubernamentales que de igual manera pertenecen a este llamado Cartel Inmobiliario, lo vendieron en 98 millones a José Alberto Pérez Fuentes y Manuel López Mata.

Refirió que en este caso hay la existencia de por lo menos tres delitos: Fraude, Falsedad ante la Autoridad y Fraude Procesal, y se encuentran asentados en la Carpeta de Investigación número 148/2023 de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales número 8, pero se encuentra actualmente detenida.

Más aún, dijo, que estas acusaciones contra el Cartel Inmobiliario de Xalapa trascendieron hasta Presidencia de la República, sin embargo, en Veracruz, el Secretario de Gobierno sigue omiso al igual que la FGE y el Colegio de Notarios, quienes muy seguramente mantienen engañada a la gobernadora en este tipo de casos, ya que sabe que existen muchas otras denuncias de este mismo Cártel y no se ha hecho nada en ninguna instancia gubernamental.

Finalmente, indicó que este caso podría trascender a la Fiscalía General de la República, pues también se pudieran encuadrar delitos cometidos contra el SAT y otras entidades financieras.