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MÉXICO, DF, 3 de enero de 2015.- Veracruz comparte con Michoacán el tercer lugar nacional de entidades que más ataques han recibido del crimen organizado a base de granadas de expansión, y es el sexto estado a nivel nacional donde más han decomisado esta arma que en el sexenio de Felipe Calderón dejó de ser de uso exclusivo del Ejército.
De acuerdo a una investigación del Diario Milenio, la granadización del país es un fenómeno alarmante y que se ha salido de control, ya que actualmente, sale más barato un kilo de filete limpio de res o una muñeca Barbie, que una granada, que asciende a 199 pesos.
El rotativo nacional reporta que esta situación se refleja en el número de ataques con granada de fragmentación contra fuerzas militares y federales, que asciende a casi 150 en los últimos años.
Convoyes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal han sido los más afectados; los primeros 5 lugares corresponden a Tamaulipas, que reportó 42 ataques, Nuevo León, siete, Veracruz y Michoacán, seis, y San Luis Potosí, cinco ataques con granada.
La entidad veracruzana ocupa además el sexto lugar con más granadas decomisadas, con mil 160, en primer lugar se encuentra Tamaulipas, con nueve mil 507, seguido de Michoacán, con tres mil 170, Nuevo León, con 1474, Guerrero, con mil 427, y Sinaloa, con mil 373.
Basada en archivos del gobierno federal obtenidos vía transparencia, la investigación permite dimensionar parte de la granadización que vive México, donde ya hay una granada, legal o ilegal, por cada 150 habitantes.
Es una penetración que tiene su origen en el sexenio de Felipe Calderón, cuando organizaciones criminales comenzaron a usarlas, alentando a que el gobierno respondiera con su propia producción.
Las granadas de fragmentación no solo son baratas. Aunque difíciles de controlar, parece que todos las quieren: concebidas como un arma netamente militar, desde 2009 dejaron de ser de uso exclusivo del Ejército y la Marina.
En medio de la ola de violencia vinculada al narcotráfico, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinó que había llegado el momento de equipar a las policías estatales con este tipo de armas, eliminando las restricciones para su portación por las mismas agencias que, a la postre, resultaron tener intensos vínculos con el crimen organizado.
Desde entonces, 10 mil granadas de fragmentación han sido vendidas a 12 secretarías de seguridad pública estatales. Y si bien el gobierno de Calderón alentó esa transferencia de armas militares a las policías civiles, la tónica ha continuado en la actual administración, durante la cual 3 mil 664 granadas han sido adquiridas por corporaciones policiacas.
Bajo el peñismo, Baja California compró mil 500 y Zacatecas mil. Hasta Querétaro, uno de los estados con menores índices de violencia, adquirió 300.
El detonante de lo que ha ocurrido en el ámbito policiaco y militar viene de la popularidad que las granadas han adquirido entre la delincuencia, en especial porque generan varias bajas: en Michoacán, por ejemplo, un convoy de la Policía Federal fue destruido en 2010 a granadazos. Catorce agentes murieron.
Casi 28 mil de estas bombas antipersonales han sido decomisadas en operativos contra el crimen organizado en los últimos ocho años, según se desprende de una base de datos elaborada por este diario con cifras oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la PGR y la Marina.
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