Valioso, reconocimiento de Veracruz sobre problemas de Derechos Humanos

XALAPA, Ver., 6 de octubre de 2015.- El especialista en Justicia Internacional, Édgar Gómez Jaimes, consideró coyuntural la presentación que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, hizo del Programa Estatal de Derechos Humanos, pues con esto indicó que las violaciones de las garantías individuales no se minimizan, sino que se reconocen y afrontan para poder resolverlas.

“Me parece que ese punto de vista y de relieve que está planteando el gobernador Duarte es importante y es algo que tendría que asumirse incluso desde gobierno federal”.

Recordó que con este documento el mandatario veracruzano admitió las observaciones que Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo sobre desapariciones forzadas y se comprometió a cumplir y mejorar la situación planteada.

Cuestionado sobre la negación del gobierno mexicano para admitir las observaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, aclaró que este posicionamiento de ver a los defensores como un enemigo, no es exclusivo de México, sino que también lo viven países como Colombia; sin embargo, aseguró que es algo que hay que tener en consideración y es que no se sabe si los muertos de verdad eran delincuentes, pues no fueron juzgados bajo un debido proceso legal en el que fueran detenidos, enviados al Ministerio Público (MP) ni se les responsabilizó de un delito.

Consideró que este se debe a un fenómeno de falsos positivos, pues incluso siendo miembros de la delincuencia, tienen derecho a un proceso de investigación.

El especialista acusó que los militares se sienten con la atribución de aplicar arbitrariamente una fuerza letal pero niegan que México viva un conflicto armado, con lo que confirma que esta fuerza genera una presunción de ejecuciones extrajudiciales, más aún cuando es la autoridad la responsable de guardar la evidencia.

Acusó de paradójico que sea la autoridad la que niegue la existencia de ejecuciones extrajudiciales bajo el argumento de que no hay evidencias, cuando es ésta la que tiene que garantizar la evidencia.

Declaró que la liberación de los militares implicados en la matanza de Tlatlaya revela que hubo una violación al debido proceso, pues la Ley de Amparo hace referencia a que se protegerán los derechos de las personas.

Alertó que es una constante que los organismos internacionales señalen que las víctimas no son protegidas y no tienen un acceso pleno a la justicia con el estándar mexicano ni el internacional.