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WASHINGTON, DC, 2 de noviembre de 2015.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que uno de cada tres de los asesinatos documentados por este organismo en América ocurrió en México, 55 en total.
En el Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Relatoría hizo un llamado a los estados del hemisferio para que elaboren un enfoque estratégico y armonizado sobre esta cuestión y terminar con la impunidad que persiste en la mayor parte de estos crímenes.
Reportó que desde 2010 a la fecha, 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en el continente americano, presuntamente por motivos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión, por informar, comentar u opinar sobre hechos y situaciones que se sucedían en su comunidad, lo que significa que cada 14 días un periodista es asesinado en América.
El organismo destacó que muy pocos de los autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional.
Explicó que con el fin de prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales.
La CIDH destacó que en el contexto regional, casi uno de cada cinco asesinatos documentados por la Relatoría sucedió en Honduras (28 en total); Brasil, con 25 asesinatos de periodistas y comunicadores, ocupa el tercer lugar en la lista de cantidad de casos.
Colombia (11), Guatemala (9), Perú (6) y Paraguay (4) también son países donde este fenómeno es un problema real en el período estudiado; abundó que en la década pasada, este tipo de violencia también se encontraba en estos niveles, aunque variaba la magnitud según los países, y también eran deplorables las tasas de impunidad, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo.
Mencionó que la violencia contra comunicadores se agudizado en aquellas zonas o territorios en los que existe una fuerte presencia del crimen organizado, y en muchos casos, lamentablemente se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales.
Acentuó que cuando la situación de violencia en un país se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es una obligación de los estados adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos o de movimientos sociales amenazados.