Arrojan cabeza humana y restos humanos en Minatitlán
XALAPA, Ver., 22 de septiembre de 2015.- Del 28 de septiembre al 2 de octubre, los directivos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) estarán en México con el fin de realizar un informe relacionado con los altos índice de reportes sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y casos de tortura en el país.
En entrevista para Conexión Veracruz, el especialista en justicia internacional, Edgar Gómez Jaimes, destacó que la visita estará encabezada por los altos ejecutivos de dicha comisión, como la presidente Rose-Marie Belle Antoine; el primer vicepresidente James Cavallaro y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.
Asimismo estarán el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza Longoria y la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abi-Mershed, además del comisionado Felipe González y las comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz.
En ese sentido, González Jaimes manifestó es fundamental la reacción que tendrá el Estado mexicano y los gobiernos estatales frente a este tipo de proceso, pues está en la posibilidad de dar apertura en el caso y otorgar la información oficial de los expedientes, así como de verificar el cumplimiento de las recomendaciones que hará este grupo que visita México, o todo lo contrario.
Durante su estancia, dijo, los expertos en derechos humanos tienen visitas programas en Ciudad de México, Tabasco, Guerrero, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, y aprovecharán para reunirse con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) que llevan el caso de los 43 normalista de Ayotzinapa.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, explicó, no es un órgano jurisdiccional, por lo que no vienen a verificar los casos contenciosos, sino que es un organismo principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyo mandato es monitorear la situación de lo Estados miembros, como México.
Para ello, dijo, tienen la facultad de hacer estas visitas “in loco”, con el propósito de que reciban la información necesaria directamente de los defensores de derecho humanos y de las víctimas.