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XALAPA, Ver., 22 de junio de 2015.- Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) están solventadas y se comprobó la correcta aplicación de los recursos, informó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien dijo que los funcionarios que hayan caído en omisiones son acreedores a sanciones disciplinarias.
En el mensaje que pronunció el Ejecutivo estatal este lunes, indicó que durante el proceso electoral se el gobierno del estado fue objeto de ataques mediáticos y que tergiversando la realidad, se hicieron públicas denuncias de hechos, que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) habría presentado ante la Procuraduría General de la República.
Se habló de supuesto peculado, impunidad, desvío y sustracción indebida de recursos públicos federales para financiar campañas, específicamente de los recursos provenientes del Fondo de Educación Básica y Normal (FAEB) y a los recursos del Seguro Popular.
Javier Duarte aseguró que no hubo denuncias al estado por parte de la ASF y que esas declaraciones fueron mentiras disfrazadas, “ya que no existe ni un solo peso mal empleado en la administración estatal”
Desde la sede del Poder Ejecutivo, enfatizó que su objetivo de trabajo radica en el beneficio del estado y la prosperidad de los veracruzanos.
Expresó que desde el Poder Ejecutivo se decidió respetar el cauce de los tiempos de las contiendas y mantener la altura de las propuestas de los candidatos.
“El tiempo nos dio la razón. La ciudadanía decidió mayoritariamente por la propuesta, la responsabilidad democrática y rechazó la descalificación como oferta; tuvimos elecciones en un clima de paz y tranquilidad social, la ciudadanía dijo no a la confrontación estéril. Ahora, es momento de informar y poner las cosas en su correcto contexto, en su justa realidad”.
“A lo largo de varios meses, los trabajos coordinados de investigación realizados por la Procuraduría General de la República y en particular de peritos contables de la Fiscalía General del Estado vinculados con auditores certificados de la Contraloría General del Estado, se dieron a la tarea de revisar a fondo los archivos y demás documentos de las dependencias y entidades ejecutoras del gasto público federal”.
Sancionarán a funcionarios omisos
El gobernador Javier Duarte explicó que fue a partir del último relevo de la Contraloría General del Estado, que se le informó que existía una problemática relacionada con esos fondos federales, por lo que se llevaría a cabo una revisión específica a esos recursos.
Para ello, ordenó la creación de una dirección general que se dedicara exclusivamente a la atención de los fondos federales.
Dijo que por las evidencias obtenidas, y derivado de la información que se ha puesto al alcance de la Fiscalía General, el titular de la Contraloría, las denuncias de hechos, quedaron sin materia al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales citados.
Sin embargo, aseguró que no pasaría por alto que la imagen del Gobierno del Estado se vio lesionada ante las instancias fiscalizadoras federales y ante la opinión pública por la falta de atención, de omisiones, negligencia e irresponsabilidad en que pudieron incurrir servidores públicos.
“Hoy deben responder quienes no entregaron la información que acreditaba la correcta aplicación de los recursos federales en el momento que debieron haberlo hecho. Deben responder quienes han fallado a Veracruz”.
El mandatario estatal aseguró que iniciaron los procedimientos disciplinarios administrativos, de conformidad con los postulados de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que rige el ámbito de su actuación aquí en Veracruz.
Conclusiones obtenidas
Primero: La Fiscalía General del Estado ha informado que la PGR turnó las averiguaciones previas a esta Fiscalía General a efecto de colaborar coordinadamente entre ambas instituciones en estas investigaciones. Cabe resaltar que nunca existieron órdenes de aprehensión en contra de nadie por este concepto.
Segundo: En el caso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Veracruz dio puntual cumplimiento en la prestación de los servicios de educación y la formación de maestros, conforme a lo previsto en los artículos 26 y 27 de la Ley de Coordinación Fiscal; 13, 16 y 27 de la Ley General de Educación.
“En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 482 de dicho fondo, emitido por la Secretaría de Educación Pública, los recursos fueron programados, calendarizados y distribuidos conforme a un presupuesto original, más las ampliaciones al mismo. Estos fueron ejercidos, quiero subrayarlo, en estricto apego a la normatividad”.
Además, los recursos correspondientes al FAEB de los ejercicios 2009 y 2010, que ascienden a la cantidad de 2 millones 437 mil 443 pesos fueron debidamente aplicados y comprobados durante el período de 2014.
Duarte de Ochoa mostró carpetas con los expedientes de la Secretaría de Educación de Veracruz, y que aseguró, fueron certificados por el Titular de la Notaria Pública número 16 de esta ciudad.
Tercero: Los recursos federales correspondientes al Seguro Popular de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, que ascienden a la cantidad de 2 mil millones 104 mil 886 pesos fueron aplicados y comprobados satisfactoriamente, en los términos de la normatividad correspondiente; así lo confirmó el Director General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a través del oficio número CNPSS-DGF-2443-2014, de fecha diecisiete de octubre de 2014”.
Subrayó que dicha Comisión es la autoridad competente a nivel federal para determinar la correcta aplicación de los recursos asignados a las entidades federativas.
Cuarto: La Auditoría Superior de la Federación cumplió estrictamente con el mandato que le impone la ley, pues nunca le fue presentado, es decir, nunca tuvo a la vista para su análisis y resolución correspondiente, la información que hoy les presentamos. Tampoco me fue presentada en su momento esta información”.
Finalmente, el jefe del ejecutivo estatal afirmó que el Gobierno de Veracruz seguirá conduciéndose con orden y en apego estricto a la normatividad que regula el ejercicio de los recursos públicos federales, “en esta administración no hay, ni habrá, espacio para las omisiones, irregularidades, ni para quienes actúen al margen de la ley”.