Monitorea PC el río Cazones
VERACRUZ, Ver., 14 de abril de 2016.- Sindicatos de marinos mercantes se pronunciaron en contra de la iniciativa que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó ante la Cámara de Senadores con la finalidad de ampliar las atribuciones de la Secretaría de Marina (Semar) para que intervengan en las actividades de los puertos y en el comercio nacional e internacional.
El secretario general de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, Ismael García Muñoz, consideró que la participación de los elementos de la Secretaría de Marina en los puertos tendría un impacto en la exportación y la importación de mercancía, porque tendrían facultades para detener a las embarcaciones para revisión.
Explicó que el retraso en el zarpe para las embarcaciones mayores implica pérdidas por 150 mil dólares por hora.
Indicó que las agencias aduanales y navieras también están en contra de esa iniciativa presidencial, por lo que sus despachos jurídicos exponen su rechazo ante el Senado de la República.
Refirió que integrantes de la Asociación de Terminales Operadoras de Puerto (ATOP) también acudieron al Senado de la República para exponer su rechazo a la participación de los elementos de la Secretaría de Marina en los puertos mexicanos.
“Aquí pretenden quitar a la autoridad civil de las Capitanías de Puerto y ponerse ellos (…), si ellos realmente quieren corregir combatir contrabando, narcotráfico y todo eso, pues debieran intervenir la Aduana, debieran intervenir Migración porque ahí también hay tráfico de humanos, pero no lo hacen”.
Precisó que las fuerzas federales deben mantenerse en los cuarteles en tiempos de paz tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no deben intervenir en actividades que competen a los civiles, salvo que se necesite su presencia en situaciones de inseguridad.
“Es una iniciativa de decreto que pretende derogar, modificar, cambiar ciertos artículos de las leyes de navegación y comercio marítimo de la Ley de Puertos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ahora desde el punto de vista de la Constitucional es un acto inconstitucional”.