XALAPA, Ver., 14 de mayo de 2014.-  La vivienda en el país es una problemática que registra un déficit de 9 millones de solicitudes, mientras que a nivel estatal se registra un retraso de 100 mil viviendas o mejoramiento de viviendas, señaló la presidenta de Pobladores A.C., Aurora Castillo Reyes, quien indicó que para buscar una alternativa al rezago, se creó un proyecto de construcción de vivienda sustentable en coordinación con la Unión de Colonos Inquilinos Solicitantes de Vivienda (UCISV).

En conferencia, destacó que se tiene registro de que a nivel nacional existen por lo menos 5 millones de viviendas desocupadas, principalmente en zonas urbanas. Se trata, dijo, de inmuebles construidos por empresas constructoras de reconocimiento, que en la mayoría de las ocasiones lo único que provocan es el encarecimiento y acaparamiento del suelo.

«A nivel nacional hay un déficit de cerca de 9 millones de viviendas, eso es lo que señalan las cifras oficiales, también las cifras oficiales señalan que hay alrededor de 5 millones de viviendas desocupadas, de estas que han sido construidas por constructoras privadas. Nosotros estamos en este proceso de producción social de vivienda, es una situación muy importante que se basa en un proceso de diseño participativo de los solicitantes, pero también tenemos un apoyo técnico», apuntó.

Las viviendas que construyen tienen un costo máximo de 120 mil pesos, mismo que en gran parte es subsidiado mediante mecanismos de recursos públicos, sin embargo, otra parte es aportada por los interesados; además, destacó que en cuanto hace a la calidad de los inmuebles, se han construido en espacios de 60 metros cuadrados, mientras que las empresas constructoras, lo hacen en 35 o 40 metros cuadrados.

En los últimos cinco años, el movimiento de Pobladores A.C. y la UCISV, han construido por lo menos 5 mil viviendas o acciones de vivienda empleando recursos de las familias solicitantes y recursos públicos en entidades como Puebla, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, proyectos que han tenido impacto en 300 comunidades de más de 100 municipios.

«Hemos defendido básicamente un derecho, que es el derecho a la vivienda por encima de la mercantilización de la vivienda. Para los empresarios y para el mismo gobierno, esto es una mercancía, para nosotros no, para nosotros es un derecho donde la familia puede decidir, pero también aportar. No todo es subsidio, sino que ellos aportan su conocimiento y sus ahorros», finalizó.