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XALAPA, Ver., 20 de febrero de 2016.- Mes con mes y año con año el Gobierno del Estado cumple con su obligación de transferir al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) sus aportaciones que le corresponde como patrón que es, de la mayoría de los trabajadores públicos estatales, incluidos los maestros de la nómina estatal.
En un comunicado, el Gobierno estatal asegura que dicha responsabilidad no se agota tan sólo en las aportaciones que le corresponden por ley transferir, además paga un subsidio al IPE que se encuentra incluido en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal.
Adicionalmente, si con esto no alcanzara para pagar las jubilaciones y las pensiones, el Gobierno del Estado transfiere al IPE un subsidio extraordinario, que no está contemplado en el Presupuesto de Egresos, con la finalidad de que ningún jubilado o pensionado se quede sin recibir su salario.
Cabe señalar que el Gobierno de Veracruz es el principal patrón de la burocracia en el estado, pero también existen otros patrones cuyos trabajadores cotizan en el IPE, como los son los Ayuntamientos y los Organismos Autónomos.
En muchas ocasiones estos otros patrones no transfieren lo que les corresponde por ley aportar al IPE para el pago de las pensiones de sus trabajadores jubilados, o en el mejor de los casos solo envían sus aportaciones sin importarles si estas alcanzan o no para pagar las pensiones de sus trabajadores, dejándole toda la carga financiera al Gobierno del Estado y desentendiéndose de esta obligación con sus trabajadores jubilados.
La iniciativa busca responsabilizar a cada patrón por el pago de las pensiones de sus trabajadores, subrayando que la carga financiera corresponderá principalmente al Gobierno del Estado que es el patrón de la inmensa mayoría de los trabajadores públicos que cotizan en el IPE.
El comunicado responde a un exhorto que la Universidad Veracruzana hizo a los diputados locales a no aprobar la Iniciativa de Reforma al Artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, que de acuerdo con la casa de estudios, “constituye la evasión de la responsabilidad solidaria del Gobierno del Estado” y que además tendría un impacto negativo para la UV.