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XALAPA, Ver., 28 de mayo de 2014.- El procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, reconoció que el asesinato del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz podría estar vinculado con su actividad periodística; sin embargo, dijo que no se descartan otros móviles, como posibles diferencias con sus vecinos o bien, porque ya había animadversión de grupos delincuenciales hacia su persona.
En rueda de prensa, el fiscal dio nuevos detalles sobre las indagatorias que se siguen a las seis personas que fueron procesadas tras el crimen del reportero, cuyo cuerpo fue inhumado en un paraje del municipio de Las Choapas.
Cabe señalar que el crimen contra el reportero fue condenado por decenas de organizaciones no gubernamentales quienes señalaban que el móvil del crimen habría sido el ejercicio periodístico, situación que las autoridades estatales habían negado.
Este miércoles, dicho móvil se contempla como una posibilidad, sobre todo por la publicación de notas referentes al alto índice delictivo en el sur del estado, de manera particular por los secuestros que el mismo Gregorio Jiménez dio a conocer.
Sin embargo, Bravo Contreras dijo que el crimen podría ser enfocado a dos motivos: el de rencillas con una vecina con la que había una mala relación, o hasta por mostrar casos de tráfico de indocumentados en la zona.
“No se descarta nada. La Procuraduría de Justicia ha cumplido y hemos seguido investigando. Hemos confirmado que las personas que están detenidas por el asesinato ya habían cometido otros crímenes. Les encontramos miles de fotografías en la casa de seguridad donde fueron detenidos”, añadió.
El procurador consideró que tras las pesquisas se les podrían añadir nuevos cargos, pues dijo estar convencido de que ellos son los responsables del asesinato, pues así lo han arrojado las pruebas encontradas, manifestó.
Además de hablar sobre los avances del crimen contra Goyo Jiménez de la Cruz, dijo que el caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, no está cerrado. Dijo que continúan las investigaciones y además existe una orden de aprehensión contra una persona.