Que Gobierno atienda recomendaciones de CIDH, exhorta Comisión Nacional

MÉXICO, DF, 5 de octubre de 2015.- Llamamos a que el gobierno federal no sólo se quede con los diferendos sobre la visión de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, sino que tome en cuenta todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), manifestó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

El ombudsman dijo que coincide con la CIDH en el sentido de que en algunas zonas del país hay violación a las garantías individuales, por lo que aseguró que México tiene apertura y disposición al trabajo conjunto con los organismos del sistema internacional e interamericano para dialogar sobre temas sensibles.

“Prueba de ello es que los integrantes de la CIDH que estuvieron en México sostuvieron un diálogo positivo con distintas instancias y hablaron de temas sensibles que el organismo que preside ha señalado, como los casos de la desaparición forzada o la trata de personas”.

“Más allá de matices o diferendos sobre alcances y cifras que en todo caso tendrían que ser aclarados, sería pertinente que se tomen en consideración las recomendaciones contenidas en el informe rendido por la CIDH”.

Algunas de las recomendaciones hechas por las CIDH son desarrollar un plan concreto para el retiro de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública; tomar medidas para que en caso de uso indebido de la fuerza, funcionarios federales y estatales se abstengan de prejuzgar en comunicaciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad; adoptar una ley nacional sobre desaparición forzada y otra sobre tortura, y establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el territorio nacional.

Asimismo, mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas; crear una institución nacional autónoma de servicios forenses con los más altos estándares; corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, y aplicarla excepcionalmente, haciendo uso de otras medidas cautelares no privativas de la libertad; así como eliminar la figura del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano, entre otras.