Punto de vista

La guadaña del Contralor

Contrario a lo que dicta la lógica, los funcionarios mencionados por el contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán, a los que les iniciaron procedimientos disciplinarios administrativos, más que lamentarse de su situación, deben haber emitido un suspiro de alivio.

Serán sancionados, sí, pero habrán librado la cárcel… al menos por el momento.

La cosecha no es menor.

La investigación realizada por el actual Contralor permite señalar –entre otros- a su antecesor en ese cargo, Mauricio Audirac Murillo, y al actual subsecretario de Egresos de la Sefiplan, Carlos Aguirre, por haber incurrido en actos de omisión, negligencia e irresponsabilidad.

Ambos lo sabían. Fueron advertidos con suficiente anticipación y al menos en el caso del subsecretario, se sabe que se reunió con el actual Contralor para tratar de solventar las observaciones en su contra. Logró librar la cárcel, pero no se salvará de una sanción.

García Guzmán, quien operó la solventación de las observaciones que hiciera la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública 2013, le puso piso y techo a las sanciones que eventualmente se aplicaría a estos funcionarios: Del apercibimiento a la inhabilitación hasta por diez años.

Sin embargo, en corto, el Contralor advirtió que en caso de encontrar elementos, también se podría dar vista a la Fiscalía General del Estado.

Lo había advertido el pasado lunes el propio gobernador: “No se puede pasar por alto que la imagen del Gobierno del Estado se ha visto lesionada ante las instancias fiscalizadoras federales y ante la opinión pública. Ello, derivado de la falta de atención, de omisiones, negligencia e irresponsabilidad en que pudieron incurrir servidores públicos. Por lo tanto, hoy deben responder quienes no entregaron la información que acreditaba la correcta aplicación de los recursos federales en el momento que debieron haberlo hecho”.

Además de Mauricio Audirac y Carlos Aguirre, aparecen en la lista de funcionarios a los que se les inició procedimiento administrativo Juan Manuel Corral Verdugo, quien fuera procurador fiscal; Ricardo Calles Cruz, Jesús Villegas Ríos y Rosalba Aguilar Alonso, quienes ocuparon en diversas etapas, la Dirección de Control, Evaluación y Auditoría en la Contraloría General del Estado, y Marieli Méndez Castillo, exdirectora de Auditoría Gubernamental.

También están sujetos a investigación Roberto Pérez Ramos, quien fue subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal de la Secretaría de Educación; Adrián Bueno Bello, excontralor interno de Servicios de Salud de Veracruz; Johnson Margarito Méndez Ortiz y Óscar Javier Cárdenas Rodríguez, excontralores internos de la Sefiplan, así como Eduardo Cárdenas Ruz, Edmundo Sosa López y César Agustín Blancas Cubas, excontralores internos de la SEV.

En Boca del Río, Miguel Ángel Yunes no podía dejar pasar esta coyuntura y aseguró que las denuncias existen, que Javier Duarte miente y que él se encargará de luchar desde el Congreso de la Unión “para que esta banda devuelva lo robado y pague las consecuencias de sus actos”.

No mostró documento alguno que respaldara sus palabras. Se limitó a repetir el discurso que llevó en su recorrido por el estado, durante el período electoral.

Hoy, sin embargo, hace falta algo más que declaraciones estridentes o verdades a medias.

Quien no esté en condiciones de documentar sus señalamientos, que mejor se calle la boca.