Punto de vista

* El túnel de Tomás

Hay versiones, surgidas del submundo de la política de Veracruz, que mencionan que el anuncio de este martes del secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) Tomás Ruiz González, sobre el reinicio de los trabajos de construcción del túnel sumergido de Coatzacoalcos, forma parte de una estrategia para posicionar a dicho funcionario, con miras a la sucesión del 2016.

La especie parece confirmarse cuando se percibe que la conferencia de prensa ofrecida en el sur de la entidad tuvo como fin, exclusivamente, el de dar la buena noticia de que la obra se estaría reactivando, sin tocar, para nada, el tema de las sanciones que deberían aplicar a las empresas involucradas y las denuncias penales contra servidores públicos que habrían incurrido en actos de corrupción.

Ruiz González explicó que, con la modificación al título de concesión que se gestionará en el Congreso del Estado, el Túnel Sumergido será concluido a más tardar en un año, aunque la concesión se ampliará de 37 a 45 años para que el nuevo inversionista –Grupo Carso, de Carlos Slim- pueda recuperar la inversión.

El anuncio es muy parecido a uno que hiciera, en enero de este mismo año, el entonces titular de SIOP y hoy secretario de Gobierno, Gerardo Buganza.

En aquella ocasión el funcionario dio a conocer que después de tres años de haberse parado la obra del Túnel Sumergido, finalmente se había llegado a un acuerdo entre la empresa española, FCC Construcciones y el Gobierno del Estado para incorporar a la administración estatal como parte de la empresa concesionaria.

En esta ocasión los términos son los mismos, con la diferencia de que la empresa española fue adquirida por Grupo Carso, que acepta asociarse con el gobierno estatal.

Se trata, pues, de un refrito.

En 2014 se cumplieron 10 años de que la obra fue concursada. Desde entonces ha sido detectado y confirmado un daño patrimonial de por lo menos 225 millones de pesos, tan solo de la cuenta pública 2012. Hasta la fecha, once años después de que se lanzara la convocatoria, ningún funcionario ha sido sancionado.

El 10 de julio de 2014 el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Antonio Portilla Vázquez, informó que presentó denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del estado por presunto daño patrimonial en la cuenta pública 2012 por un monto de 225 millones de pesos, correspondientes al Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.

En la obra, sin embargo, se ha invertido más del doble del presupuesto proyectado inicialmente y faltan por lo menos mil millones de pesos más para terminarla.

La Auditoría Superior de la Federación también ha mostrado evidencias de malos manejos con los recursos públicos asignados al túnel.

El gobierno estatal adjudicó el contrato en 2004 y la obra –que considera una vialidad de cuatro carriles por debajo del río Coatzacoalcos, con una extensión de más de 3 mil metros, de los cuales casi 800 van por debajo del agua- debía quedar lista en 2007.

Las empresas designadas fueron Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, y la española FCC Construcción, quienes además obtuvieron la concesión del Puente Coatzacoalcos I, de cuyo peaje obtendrían ingresos para hacer el túnel.

La obra inicialmente costaría mil 784 millones de pesos; más tarde el presupuesto se amplió a 2 mil 066 millones y hasta el 2014 llevaban invertidos 4 mil 913 millones de pesos.

Al comparecer ante el Congreso local, Gerardo Buganza Salmerón mencionó, entre las múltiples irregularidades detectadas, el desvío de recursos, fallas estructurales en la obra, hundimientos y soportes mal hechos.

A nada de eso se refiere Tomás Ruiz. Para él, lo importante es que la obra se concluya… “haiga sido, como haiga sido”.