Punto de vista

* Cuando ladra la jauría

En el ámbito de la crítica mediática (que no estrictamente periodística), hay quienes han encontrado una fructífera veta en la descalificación automática, en el adjetivo barato, en el uso de lugares comunes.

Es cada vez más frecuente leer en las redes sociales o, incluso, en reconocidos medios de comunicación, señalamientos irresponsables, sin el menor rigor periodístico, con el absurdo argumento de que «todos lo dicen, todos lo saben».

En ese gigantesco costal caben, seguramente, algunos señalamientos acertados, pero también las más aberrantes infamias. Nadie se preocupa de medir sus palabras, pues éstas se esconden entre el griterío de la turba.

Ejemplos hay muchos, pero en los días recientes se han multiplicado.

Acaso el ejemplo más sonado es el de una denuncia contra cuatro jóvenes por la presunta violación a una menor de edad.

Desde que se hizo público el caso a los inculpados les impusieron el mote de «Porkys» en referencia a otro grupo de jóvenes -sólo que aquellos radicados en Xalapa- que hace varios años, como a estos, se les acusó de conformar una pandilla de «juniors», esto es, de miembros de familias acaudaladas, con fuertes influencias en el ámbito político y, por lo visto, también en el penal, que se dedicaban a delinquir sin que autoridad alguna les pusiera freno y los castigara.

El señalamiento público paso de una «violación tumultuaria», al ataque sexual de uno de los cuatro sujetos (todos mayores de edad, estudiantes de nivel universitario) mientras el resto observaba, sin intentar detener la agresión.

Los acusados y sus familias han respondido también en las redes y se han dedicado a cuestionar la honorabilidad de la chica presuntamente violada, y de su padre. De ella lo menos que dicen es que era «una chica fácil» y de su padre, que pretendió sacar un beneficio económico de tan dramático caso.

Hay audiencia para ambas posturas y voluntarios para propalar, a manera de teléfono descompuesto, la versión que más les gusta. Repiten lo que escucharon o leyeron, pero como lo recuerdan. Censuran y descalifican a los de «la otra parte» sin más elementos de probanza que su endeble memoria y el dudoso rigor del texto al que tuvieron acceso.

En tanto, la salida fácil es la de denostar a los servidores públicos, total «ya todos sabemos cómo son, corruptos, rateros y asesinos».

Llegará el momento en el que los órganos encargados de procurar y administrar la justicia den su veredicto, y aun entonces las partes seguirán encontradas. Los que resulten beneficiados hablarán de su renovada confianza en las instituciones, aunque advertirán que de no haber presionado la sociedad civil, nada se hubiera logrado. Los que tengan una opinión contraria al veredicto, levantarán la voz para reclamar que la justicia volvió a fallar.

Ellos, todos, ya emitieron su juicio. No admitirán ninguna otra versión.

Y como ese caso está el de los jóvenes desaparecidos en Papantla. Las autoridades ya detuvieron a siete policías por su posible vinculación con el caso. La reacción espontánea fue denunciar que «se repite el caso Tierre Blanca» (en el que desaparecieron cinco jóvenes y por el que han sido detenidos ocho elementos de la policía estatal) y exigir la cabeza del titular de Seguridad Pública y hasta del propio Gobernador.

Nadie se detiene en un par de detalles que marcan la enorme diferencia entre uno y otro caso. En Tierra Blanca se trató de elementos de la Policía Estatal que tenían bajo su responsabilidad la seguridad en ese municipio, hoy gobernado por el panista Saúl Lara González.

En Papantla, sin embargo, los elementos detenidos pertenecen a la Policía Municipal, bajo las órdenes del alcalde, de extracción perredista, Marcos Romero Sánchez.

Tan doloroso un caso como el otro, pero difícilmente se les puede dar similar tratamiento. Quien así lo hace, se va por la fácil.

Bien dicen que de la jauría, sólo uno sabe por qué ladra.

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*Este texto es responsabilidad absoluta del autor.