Punto de vista

* ¿Fin a la corrupción?

Imagine usted que haya un organismo autónomo, con injerencia en todos los órdenes de gobierno, que se encargue de prevenir, detectar y sancionar a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción.

Imagine que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueda auditar a cualquier ente fiscalizable, sobre los recursos que esté ejerciendo en ese momento, y no tenga que esperar hasta que se cumplan los plazos definidos para la entrega de las cuentas públicas.

Imagine que los funcionarios públicos estén obligados a entregar no sólo su declaración patrimonial, sino otra en la que queden bien claros sus intereses, y los de su familia, de manera que estén impedidos de intervenir en gestiones que representen un conflicto de interés.

Imagine que los fideicomisos, tanto públicos como privados, en los que estén involucrados recursos públicos, puedan ser fiscalizados.

Visualice una Ley que sancione no sólo al servidor público que incurra en un acto de corrupción, sino también al ciudadano o a la empresa privada que participe en el cohecho.

Cualquiera diría que se estaría imaginando un país próspero, pujante, merecedor de la confianza de inversionistas de todo el mundo.

Pocos se atreverían a suponer que están hablando de México.

Pero eso está a punto de suceder.

Tanto la Cámara de Diputados, como la de Senadores, aprobaron el paquete de reformas a la Carta Magna para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Hoy la pelota está del lado de los congresos estatales, que deberán aprobar -al menos la mitad más uno, pero es de esperarse que lo hagan todos- dichas modificaciones, que tendrán un efecto directo en la gestión de los gobiernos de los estados y los ayuntamientos.

Este nuevo paquete de ordenamientos jurídicos incluye la facultad del Senado de ratificar el nombramiento del secretario de la Función Pública, para garantizar la imparcialidad de esa institución, pues será la que tenga a su cargo los procesos de control y fiscalización del gobierno federal.

La reforma propone, además, aplicar el procedimiento de extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito. Esto es, que a quien se haya enriquecido por actos de corrupción, no sólo se le sancionará con la pena corporal que defina el juez, sino que se le incautarán los bienes adquiridos con el producto de su actividad ilícita.

Falta mucho por conseguir. Aún no se aprueba la desaparición del fuero constitucional; tampoco se ha avanzado en la posibilidad de aplicar sanciones expeditas y contundentes contra los más altos niveles de mando, como el Presidente de la República o los Gobernadores.

Es, sin embargo, un paso de gran importancia.

Los Congresos locales tendrán los reflectores en las próximas semanas. Cualquier insinuación de objetar o rechazar este paquete de reformas en algún estado, hará evidente que los jefes políticos de esa demarcación pretenden evadir su responsabilidad.

Hay, pues, pocos argumentos válidos para retrasar la aprobación de un documento que está llamado a convertirse en un punto de inflexión en el tema del combate a la corrupción en México.

No hay que perder de vista, sin embargo, que esto es sólo el primer paso. Lo primero es contar con el marco jurídico adecuado. Lo que sigue, es tener -y demostrar- la voluntad política para conseguir que esta Ley no se convierta en letra muerta.

Corresponde a todos los ciudadanos exigir su estricto cumplimiento y su permanente actualización, para abatir la corrupción en México.